Parecería que se trata de una estrategia de saturación para que la opinión pública no tenga tiempo para detenerse a examinar a fondo cada nuevo escándalo, o simplemente para que el país pierda totalmente su capacidad de asombro y acepte con normalidad o resignación la prevaricación y el saqueo impune del patrimonio público.

Y lo peor de todo es que estas prácticas aberrantes comienzan a ser tratadas por una buena parte de nuestros medios de comunicación como hechos rutinarios que no merecen un despliegue noticioso y ni siquiera un esfuerzo de investigación periodística.

Hay que reconocer, sin embargo, el coraje de algunos medios y profesionales de la comunicación que todavía mantienen en su agenda cotidiana el debate sobre la corrupción, con mención especial a Huchi Lora, Sonia Piera, Juan Bolivar Díaz, Miguel Guerrero y Alicia Ortega, quienes han contribuido a colocar en la palestra algunos de los más escandalosos casos de corrupción de los últimos tiempos.

Probablemente en ninguna etapa de nuestra historia republicana se había registrado un período de tanta expansión de la corrupción administrativa, acompañada de la inercia de las instituciones responsables de fiscalizarla y prevenirla, de la connivencia del Poder Judicial, y de la complicidad de los medios de comunicación y del liderazgo político y social del país.

El mes de diciembre, por ejemplo, se cierra con la revelación de que como se incrementó la nómina de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), de 39 millones de pesos mensuales en agosto del 2004, a 235 millones mensuales en agosto del 2008, una muestra de cómo el reparto grosero del presupuesto público ha sido legalizado mediante el salario auto asignado por la burocracia parasitaria del Estado, en una proporción inversamente proporcional a la ineficiencia de los servicios.

Lo de la pensión del doctor Leonardo Matos Berrido no pareció inmutar a nadie, a pesar de que, según detalló la periodista Nuria Piera, el actual presidente de la Liga Dominicana de Beisbol Profesional logró que el Consejo Directivo del Banco Nacional de Fomento de la vivienda y la Producción (BNV), lo jubilara con beneficios que le aseguran ingresos por unos 953 mil pesos mensuales. Todavía se espera alguna aclaración del BVN o de alguna instancia responsable del Estado para desmentir o explicar los datos aportados por Nuria Piera.

Sobre la remodelación del edificio de Bellas Artes, La periodista Alicia Ortega, de SIN, denunció que la obra costó más de mil 300 millones de pesos, 600 millones más de lo que informó la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapres) en una carta sobre la remodelación del edificio, respondiendo a un requerimiento de la comunicadora. Reveló además que el parqueo soterrado de Bellas Artes, con una capacidad para 600 vehículos, conforme a los datos conocidos refleja que cada estacionamiento para un vehículo costó al Estado 597 mil 783 pesos.

Pero el ingeniero contratista de la obra, Pedro Delgado Malagón, corrigió la cifra de la Onapres y de la perodista y aclaró que aunque el proyecto no estaba totalmente terminado, en realidad el costo era superior a los mil 700 millones de pesos.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el préstamo de 130 millones de dólares de la Sun Land, definido como un monumento a la irracionalidad jurídica, muestra que ni siquiera la más prestigiosa y respetable institución de Justicia del país ha logrado escapar a la avasallante corriente de la corrupción administrativa.

Para asumir el desafortunado rol de subordinación al Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia tuvo que violar su propia jurisprudencia, expresada en sentencias emitidas entre el 1998 y el 2002, a propósito de recursos de inconstitucionalidad sometidos por el Movimiento Independencia Unidad y Cambio (MIUCA), por el diputado Pelegrín Castillo y otros ciudadanos independientes, y por el presidente de la República Hipólito Mejía. En los tres casos, la Suprema admitió los recursos y falló el fondo el fondo del asunto, aunque ahora lo rechaza bajo el argumento de que debió ser canalizado por el Presidente del Senado de la República o por el Presidente de la Cámara de Diputados.

El último caso conocido es la auto asignación de una cuantiosa regalía navideña por los miembros de la Cámara de Cuentas, en violación de la ley de Administración Pública y de sus propias reglamentaciones. De acuerdo a informaciones no desmentidas, los miembros del importante órgano fiscalizador del Estado cobraron ilegalmente más de 560 mil pesos en el mes de diciembre, después de anunciar la cancelación de más de 200 empleados porque, según explicaron, el organismo había sido declarado en estado de emergencia y no contaba con recursos para cumplir sus compromisos salariales.

Este caso de la Cámara de Cuenta le pone la tapa al pomo y revela de manera dramática que la corrupción pública ha hecho metástasis y cubre todo el espectro institucional del Estado Dominicano.

Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo se agote el flujo de recursos procedentes del endeudamiento interno y externo, utilizado como torniquete para pintar el falso espejismo de progreso y contener la explosión inevitable que generan la malversación y la irracionalidad administrativa? (21 de diciembre, 2008).