El tribunal estableció que el síndico Roberto Salcedo reconoció en audiencia la existencia de una relación contractual entre esa firma publicitaria y la administración municipal y rechazó la demanda de 37 millones de pesos por daños y perjuicios contra Impacto Urbano.
El tribunal fundamentó su decisión en el hecho de que el ejecutivo municipal admitió en audiencia haber firmado varias comunicaciones dirigidas a Impacto Urbano en las que solicitaba la asignación de elementos publicitarios para apoyar actividades institucionales, propaganda electoral de su campaña en el 2006 y eventos artísticos vinculados a las empresas particulares de Salcedo.
Los abogados de Impacto Urbano, Rafaela Alburquerque, Felix Damián Olivares y Eduardo Jorge Prats, le presentaron al síndico varias cartas y le pidieron que leyera su contenido y que confirmara la autenticidad de su firma. Visiblemente turbado, Salcedo reconoció que había enviado las cartas, solicitando la asignación de publicidad en base al contrato entre las partes, pero alego que posteriormente se entero que no existía un contrato formal entre el ayuntamiento y la empresa de capital argentino.
La ofrecer la información sobre el fallo del tribunal, el Consejo de Defensa de Impacto Urbano, resaltó que éste se suma a otras seis sentencias dictadas en diferentes instancias a favor de la firma publicitaria y en contra del síndico Salcedo.
Aunque el tribunal rechazó el pedimento de archivar la acusación solicitado al inicio del proceso por los abogados de Impacto Urbano, el mismo consideró que no estaban reunidos los elementos constitutivos de la infracción imputada a Impacto Urbano y a Sheppard, por lo que procedía el descargo puro y simple y el rechazo de la demanda en daños y perjuicios que por RD$37 millones de pesos había incoado el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Además de Salcedo, depusieron como testigos durante el proceso el pasado presidente de la Comisión de Publicidad Exterior del Consejo de Regidores, Nelson Gómez, el regidor y vocero del PRD, Juan José Zapata y ex presidente del Ayuntamiento Rafael Díaz Filpo, todos los cuales admitieron la existencia de la relación contractual entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la empresa.
La sentencia será leída in extenso en audiencia a celebrar el próximo 29 de diciembre.