Ese temor justificó los procedimientos que inspiraron la elaboración de la Ley de Organización del Consejo Nacional de la Magistratura y el reglamento que la antecedió.

Fue por esa aprehensión que se estableció que en una primera convocatoria, para tener validez, era necesaria la presencia de todos los miembros del Consejo. El plazo obligatorio para la próxima convocatoria evitaba el factor sorpresa y permitiría movilizar la opinión publica y los sectores de la sociedad integrados al proceso. Fueron dos las oportunidades que a través de magistrados o amigos de la reforma, como Ronald Glass, que el anuncio de nuestra decisión de no asistir a esas posibles convocatorias, paralizó el proceso.

Ahora que observamos la sociedad dominicana a través de los índices de desarrollo humano, que conocemos los resultados de la inversión publica y comprobamos el creciente conservadurismo o derechización que nos envuelve. Ahora que sabemos que irrespetamos las leyes, que le fallamos a la institucionalidad, que no aplicamos el sistema de administración publica creado a través de los prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo, iniciadores del Sistema Integrado de Gerencia de las Finanzas Publicas (SIGEF ) del que era parte importante la nueva Ley de Presupuesto que acabamos de violar, ahora entiendo que solo la voluntad, la entrega de José Francisco Peña Gómez, hizo posible la reforma de la justicia dominicana para la que al parecer no estaba preparada la sociedad, los otros poderes del estado y muchos jueces que integran la Suprema Corte de Justicia. La historia recogerá los nombres de Eglis Esmurdoc, Arita Bergés y Julio Aníbal Suárez

Volviendo al Dr. Espejo comenté que desde el temor originario, la suprema comenzó a ser parte del juego político. Y lo fue cuando no defendió la independencia de su presupuesto. Ni las próximas designaciones de jueces.

Las circunstancias coyunturales han permitido que entre los poderes legislativos y ejecutivo se establezca el balance tan pronosticado, el Poder Legislativo no ha tenido importantes desajustes presupuestarios, ha coincidido con el color político de nuestros últimos gobernantes.

Sin embargo la suerte no ha sido la misma para el Poder Judicial con consecuencias importantes; No han podido implementar la defensoría pública que lo conecta con el pueblo, la reforma que sentiría suya. El pueblo no conoce las importantes sentencias en materia civil que como parte de la jurisprudencia enriquece hoy nuestro derecho. El pueblo sabe que la justicia, la misma que la constitución dice gratuita, es carísima para su economía. Y por eso es fácil presionar al que parecería el Poder del Estado que avanzaba entre construcciones, computadores e incluso eficiencia, pero dependiendo financieramente de otro poder y alejado de las gentes.

La Suprema Corte de Justicia tenía que paralizar el país para obtener su otra y real independencia, la financiera. La independencia que le permitiría no sentirse amenazada por la reforma constitucional, ni mucho menos por el grave delito de la edad, cuando la sabiduría es un elemento que debe acompañar los jueces.

La Suprema Corte de Justicia dejó que se hiciera política con ella, Pero no supo realizar su política institucional para ser el soporte, la garantía, de la independencia de los poderes del estado, Acaba de emitir un fallo que lesiona su imagen y que no podrá superar con técnicas de comunicación.

Con vergüenza y dolor me expresó como ciudadana.

19 de diciembre, 2008