No nos anima el exclusivo deseo de que se diera razón a quienes elevaron el recursos de constitucionalidad, sino el interés de que el buen criterio jurídico esté en estrecha relación con el buen criterio institucional.

En este caso eso no ha ocurrido, y el daño al derecho del ciudadano consagrado en la Constitución de la República ha sido peor que el cometido por el mismo Gobierno cuando decidió la firma del objetado contrato con una firma extranjera sin la anuencia del Congreso Nacional.

El contrato con la Sun Land pudo haber quedado como un dato episódico en la historia de las irregularidades en la administración publica dominicana, plegada de desmanes de parte de quienes la han dirigido.

Pero la sentencia del alto tribunal revierte un Derecho Constitucional consagrado, que confiere al ciudadano dominicano el derecho a poder elevar recursos de constitucionalidad cuando considere que sus derechos han sido violados.

Con espanto la sociedad dominicana presencia un hecho insólito. La Suprema Corte de Justicia, en una sentencia, viola la Constitución de la República en un acto en que se le ha pedido que la hiciera valer.

De modo que la Suprema Corte de Justicia en su devaneo jurídico, dio ganancia de causa en este caso a quien ejerce el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo le negó a futuro derechos esenciales consagrados constitucionalmente.

Precisamos, la sentencia crea un precedente que no solo vulnera los derechos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo (FSA), sino los del propio presidente Leonel Fernández y su gobierno, que el día que pasen a la acera del frente de sus opositores sufrirán los efectos del adefesio judicial en cuestión.

Este diario no va a referir circunstancias y anécdotas personales de pasillos que pudieran haber llevado a la mayoría de los jueces del tribunal a emitir el dictamen, pero quiere dejar claro su rechazo al mismo por el retroceso que en cuanto a derecho la misma representa y por la obvia actitud irresponsable que la inspira.

En cualquier nación regida por la ley un acto de esa naturaleza no hubiese ocurrido, y si ocurre la sociedad se hubiese levantado a exigir la renuncia del mismo. Difícilmente eso lo veamos en República Dominicana, donde rige la costumbre y la conveniencia y no la ley.