La legalidad del poder presupone la legalidad de la norma en la que es posible el ejercicio del poder (sic). Hemos crecido intelectualmente con este predicamento y hoy, cuando nos toca aplicarlo para diferenciar el poder de la Policía Nacional, para preguntar si ella es lo que se dice: un servicio público, o en realidad está al servicio del poder político.

Esta problemática de fondo, subyace antes que hablar sobre la cuestión del desarme de la población. Es imprescindible preguntarnos si la Policía es una manifestación del poder policial frente al ciudadano, o si por el contrario, nuestra sociedad disfruta de un poder del ciudadano frente al policía (y con ello queremos decir al agente más simple, no al oficial que ha logrado ascenso por medio políticos). Si la respuesta es negativa, indicando que el problema es la policía y no las armas, es porque ésta no ha podido consolidarse como un servicio público, donde lo importante es la protección del libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Si la respuesta es NO, no vale la pena el tema del desarme a la población. La criminalidad forma desde hace mucho tiempo en nuestro país un circuito cerrado entre delincuentes-policías-políticos. Posiblemente nadie ha alimentado tanto las armas de fuego como los políticos aspirantes al Poder.

La desviación de la Policía Nacional hacia forma concreta de poder político la podemos observar a través del concepto de “fuerza pública”. La falta de idoneidad de sus agentes y las reglas exigidas por el Estado, para responder con “eficacia policial”, sólo ha aumentado los daños que originaron la intervención policial en los hechos de la ciudadanía. La detención de personas con usos de armas por conductas que no ameritan violación a ningún derecho es una señal de la identificación de la institución policial frente al gobierno y no a favor del libre derecho de los ciudadanos.

Los desvaríos que vemos en los medios de comunicación, los excesos policiales y otros baldones estructurales de la ausente organización policial, como la cancelación deshonrosa de un sargento mayor y un cabo de último momento, por conducta impropia frente a un comerciante, policías corruptos, nos hace evocar más allá de los estatutos orgánicos y específicos de los cuerpos policiales (Ver Naciones Unidas, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su 31 Sección Ordinaria, 1979) que ser policía es actuar como un representante del Estado democrático, debiendo tener conciencia del cumplimiento de la ley, frente a los actos ilegales y con el más alto grado de responsabilidad social. Merecidas las quejas de la gente al Cuerpo policial al preguntar por qué no hay bajas deshonrosas entre los oficiales, sólo en los rangos bajos y por qué si la Policía recibe el poder de acción de la ley, existe un sentimiento de temor al uniforme por parte de los ciudadanos.

El desarme a la población no obedeció a la autoridad íntima de la Policía (El Art. 7 crea el Consejo Superior Policial, presidido por el Secretario de Estado de Interior y Policía y el Procurador (a) General de la República (Ex-Oficio)), ya que los funcionarios policías constituyen la razón de ser de estos altos jerarcas del poder político. Ha quedado claro que tenemos una Policía Nacional al servicio del poder político y al mismo tiempo al servicio del sistema penal. En la primera, todos los órganos del Estado se vinculan inútilmente para integrar funciones de seguridad ciudadana, en la segunda para favorecer o desfavorecer el debido proceso de ley, o la aplicación de la justicia.

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