Pido perdón por la irreverencia de decir directamente lo que técnicamente pienso sobre este tema en un país donde se considera sagrada la función de Jefe del Poder Ejecutivo, y en donde se destierra en la práctica, a quien difiere, en donde de seguro no pocos alabarderos entenderán que su misión consiste en lanzar diatribas contra quien difiera de sus puntos de vistas, pero la verdad monda y lironda es que quien escribe estas líneas ha dicho y reiterado que algunas de las reformas planteadas no requieren de modificación alguna del texto constitucional vigente y que otras, deben ser explicadas para que cada quien pueda conocer sus bondades.

Es el caso de qué hacer con el Presidencialismo, ¿requiere más o menos poder? Algunos opinan que un presidencialismo nato tiene más poder que el que actualmente tiene el detentador del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el punto en discusión no es si tiene más o menos sino el de si es saludable a para la democracia criolla que quien detente tales funciones las aumente dad la proclividad a actuar como autócrata ¿por qué y para qué?

La renuncia hecha pública del Presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, recién aparecida en los diarios, da cuenta de que el señor Rubén Montás, renunció porque se enteró por la Prensa, de que la institución bajo su dirección, tiene un nuevo Administrador nombrado por el Jefe del Poder Ejecutivo. De ser cierta esa información estaríamos ante un hecho contrario a lo que supuestamente se desea corregir con el nuevo texto sustantivo, pues si no se respeta la Carta Magna vigente ¿qué garantía tiene el país, la nación, de que se respetará la del porvenir? Es por asuntos como el que comentamos que hemos dicho y ahora reiteramos que existe una gran gama de puntos constitucionales que el Ejecutivo puede comenzar a poner en práctica -previo al conocimiento de un nuevo texto sustantivo-, como garantía de la seriedad de su propuesta. El presente caso es uno de ellos. El país no puede avanzar hacia su institucionalización, si previo a ello, no hay indicios serios, graves y concordantes en el sentido de que la voluntad política superior, real y efectivamente, comparte el deseo de cambio con la práctica.

En ocasiones, algunos amigos me han hecho referencia al clichés presidencial, que repite en conversaciones privadas y, en algunas ocasiones en público, sobre el hecho de que en Dominicana, incluso para ensartar una aguja se debe consultar al Presidente, siempre he dicho que eso no es lo que se debe preguntar, que esa pregunta está pues mal formulada, a nuestro juicio, la pregunta debe ser ¿que pasa con aquel que no consulte al presidente y se ciña estrictamente al mandato de la ley? No ya dentro del ámbito de la Administración o gobierno donde consideramos legítima la postura presidencial, sino en puntos tan neurálgicos como la justicia, el ministerio público, los órganos descentralizados o los municipios, o cuando una ley indica el mandato, las funciones y los mecanismos por intermedio de los cuales se debe remover un funcionario o poner en posesión a otro. El asunto es repetitivo, pues una de las primeras decisiones del señor Hipólito Mejía cuando asumió la Presidencia de la República, fue remover al Presidente del INDOTEL y el asunto llegó al ridículo cuando la Suprema Corte de Justicia conoció del asunto y decidió con la ignominia de que el Presidente actuó dentro del marco constitucional. Ese alto tribunal, en ese como en otros asuntos, se ha puesto de rodillas ante el Ejecutivo, algunos no tienen dudas de que en el caso Sun Land ocurrirá otro tanto.

Por estas y otras razones es que conviene una asamblea constituyente en donde los intereses creados no sean quienes determinen el contenido del texto constitucional. Aquellos que opinan que todos somos políticos y tenemos intereses están en lo cierto, pero más cierto es el hecho de que quien no está subordinado a asuntos del poder constituido tiene mayor objetividad, claridad e intención de enmarcar al país por el