En un documento de prensa de la Secretaría de Energía y Minas del Partido Morado se explica que para alcanzar ese propósito se requerirá de una emisión de bonos, por parte de la Secretaría de Hacienda, ascendente a 2 mil millones de dólares y así garantizar a la población del país un servicio de electricidad eficiente y a costo razonable.

El organismo del PLD respaldó, asimismo, la idea de promover una profunda revisión y, de ser necesario, la declaratoria de nulidad de los contratos del Acuerdo de Madrid, precisando que los mismos constituyen una seria retranca para el desarrollo del sector eléctrico nacional. Al propio tiempo, la Comisión de Energía y Minas del PLD estima que el frágil marco de legalidad que matiza estos contratos pudiera inducir a un sometimiento judicial directo a quienes propiciaron su firma.

El anteproyecto mediante el que se propone la compra de dos nuevas generadoras eléctricas a carbón mineral, pondera que el Estado dominicano es el principal responsable de garantizar la estabilidad social, el crecimiento económico, el suministro de los servicios públicos y el bienestar social de todos los dominicanos, y que por ello se hace impostergable la toma de una decisión que asegure electricidad en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable.

Al destacar el interés de los sectores que buscan coadyuvar en la solución definitiva del problema eléctrico, el anteproyecto señala que debido a la falta de inversión una gran parte del parque de generación eléctrica se encuentra en estado de obsolescencia, ineficiencia e indisponibilidad operativa.

Y agrega: “el crecimiento vegetativo de la demanda de electricidad, que en nuestro país se aproxima al 6 por ciento anual, no ha sido cubierto en los últimos seis años, expresándose en la falta de unos 650 nuevos megavatios”.

Recuerda que a principios del año 2006, el Estado dominicano a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), realizó una licitación nacional e internacional con el propósito de que el sector privado instalase dos centrales eléctricas de 600 megavatios cada una, a base de generación a carbón.

En el anteproyecto de ley se apunta que “el sector privado no ha cumplido con el compromiso de realizar las inversiones necesarias en el área de generación eléctrica”. Y agrega que por la falta de esta inversión se ha acentuado la ineficiencia en la oferta energética en el país.

En el párrafo anexo al artículo primero de la propuesta legislativa el equipo técnico de energía del PLD, señala que la emisión de los bonos deberá realizarse a más tardar en los 90 días siguientes a la promulgación de la referida ley, pero que en todo caso, el proceso de emisión de los mismos estará apegado a las condiciones más convenientes al interés nacional.

Expresa que en virtud de lo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Electricidad, la CDEEE, será la institución responsable de adquirir, instalar y poner en funcionamiento y operación estas centrales eléctricas”.

En cuanto a la posibilidad de variación de precios en los mercados vinculados con la construcción de las centrales térmicas de generación eléctrica, el proyecto precisa que la compra, instalación y operación de las plantas a carbón, de llegar a sobrepasar los dos mil millones de dólares, el monto faltante se consignaría en el Presupuesto General de la Nación del año siguiente”.

También dice que en caso de que la inversión requerida sea menor a los dos mil millones de dólares, sus excedentes deberán ser destinados íntegramente a los proyectos de recuperación de energía y rehabilitación de redes de cada una de las empresas distribuidoras.

Acorde a los procedimientos previstos para el pago de la deuda contraída, se prevé que los ingresos generados por concepto de la venta de energía, potencia y otros servicios, auxiliares en el mercado eléctrico mayorista deberán ser depositados en una cuenta especial, de la que sólo se emplearán los recursos necesarios para cubrir gastos operacionales y de mantenimiento de las centrales eléctricas, incluyendo la compra del combustible a ser utilizado para su operación.

Expresa el anteproyecto que “una vez cubiertos los gastos anteriormente señalados, los recursos restantes serán destinados íntegramente al pago de la deuda generada con la emisión de los bonos”. Y sostiene que tan pronto sea saldado el compromiso contraído mediante la emisión de los valores en bonos, el Estado dominicano utilizará estos recursos para continuar con el desarrollo de sus planes en materia energética.

Se advierte en la pieza depositada ante el Congreso que los gastos operacionales de estas centrales eléctricas deberán corresponder a los estándares internacionales para este tipo de operaciones, mientras que se enfatiza que los recursos producto de la emisión de los bonos “no podrán ser destinados a otros proyectos que no sean los contemplados en la ley”.

ANULAR ACUERDO DE MADRID

La Secretaría de Energía y Minas del PLD formula, a la vez, una serie de propuestas, entre las cuales destaca la recomendación recurrir a la nulidad de aquellos contratos de generación eléctrica que resulten lesivos al interés nacional, citando el caso concreto del Acuerdo de Madrid.

Dice que La Ley 125-01 que ampara este acuerdo fue aprobada por el gobierno del PRD en julio del 2001, y señala que las ventas de electricidad en contratos de largo plazo de una entidad generadora a una distribuidora se efectuarán a los precios resultantes de procedimientos competitivos de licitación pública. Indica, además, que las licitaciones se regirán con bases establecidas por la Superintendencia de Electricidad.

La Secretaría de Energía y Minas del PLD detalla que: “como vemos la Ley 125-01 fue publicada el 26 de julio de 2001 y apenas una semana más tarde, el 2 de agosto del 2001, el PRD estaba firmando el Acuerdo de Madrid, con lo que castró la posibilidad de que las distribuidoras pudieran contratar energía a precio competitivo, vulnerándose la posibilidad de que los precios finales al consumidor fueran razonables”.

“Ante lo expuesto, pedimos a nuestras autoridades del sector eléctrico, a nuestros legisladores y al Gobierno de nuestro Partido encaminar las acciones para anular los contratos del Acuerdo de Madrid y proceder con el sometimiento a la justicia de los responsables de la violación de la Ley 125-01, en su artículo 110”, añaden.

También sostiene que otro de los problemas que confronta el sector eléctrico dominicano es el hecho de que el parque eléctrico nacional depende en un 70 por ciento de combustible fósil, por lo que al subir el petróleo la generación se encarece a niveles insostenibles”.

La Secretaría de Energía y Minas del PLD propone, ante esta situación, que las autoridades del sector eléctrico y el Poder Ejecutivo hagan uso del recurso legal consistente en el pago directo por compensación de combustible, como alternativa a la renegociación de los contratos con las empresas EgeHaina, EgeItabo, y CEPP; propuesta que busca corregir las distorsiones que genera la fórmula del Acuerdo de Madrid, en virtud de que estas se resisten a la renegociación.

Revela que los contratos entre las empresas generadoras y las distribuidoras establece las provisiones contractuales que tiene el Estado dominicano de realizar directamente el pago por la diferencia entre el precio actual del combustible y el precio base fijado en los contratos. El propósito, en lo básico, procura corregir las distorsiones en el componente combustible que genera la fórmula del Acuerdo de Madrid, “en virtud de que se resisten a la renegociación”.

SOBRE EL CONEP Y LOS BONOS

La Comisión de Energía y Minas del PLD, al referirse a las inversiones que demanda el sector eléctrico, sostiene que en la actualidad la República Dominicana precisa realmente de nuevas inversiones a los fines de producir las mejoras necesarias para satisfacer la creciente demanda nacional y no padecer por los angustiosos apagones.

Estima que en la sociedad de mercado precisa del concepto de competencia para poder operar eficazmente, ya que los efectos la competencia, como son los bajos precios, el aumento de la calidad del producto, entre otros, son promocionados como una de las virtudes del sistema capitalista.

“En nuestro país las empresas eléctricas en sus diferentes sectores fueron concebidas para la operación según el criterio capitalista privado, a los fines de aprovechar la competencia generada por los diversos suplidores, reducir precios de generación y mejorar la calidad del suministro, temas que han estado muy lejos de la realidad por la vocación de oligopolio que podemos observar entre los suplidores de energía” agregó.

No obstante, advierte que ante la incapacidad demostrada por el sector privado transnacional de producir las inversiones que el sistema eléctrico dominicano requiere, se ha invitado al CONEP - por ser la entidad que agrupa al empresariado dominicano – a promover la inversión y la colocación del capital netamente dominicano en los distintos sectores de inversión que posee el sistema eléctrico nacional.

Entre otros, se citan la necesidad de que el CONEP asuma los proyectos para instalar la línea de gas natural desde la Terminal AES Andrés hasta la planta CESPM (Cogentrix), las mejoras de redes en una o en todas las distintas zonas de negocios en que han sido divididas las empresas de distribución manejadas por el Estado, así como la administración de EdeEste, la generación a base de carbón, gas natural o eólico en la Zona Norte y cualquier otro lugar de interés.

Considera que la concreción del logro de participación del capital privado dominicano en el sector eléctrico habrá de mostrar un paso significativo para la solución a estos problemas.

El llamado para proceder a la compra de las dos plantas mediante la emisión de 2 mil millones de dólares en bonos, a ser emitidos por las autoridades correspondientes, contiene el anteproyecto de ley que ordena la emisión de bonos financieros, “tanto en los mercados nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, se propone al sector privado “que cumpla su compromiso de convertir a la Generadora Cogentrix a gas natural”.

El documento peledeísta refiere la necesidad de formalizar una petición a la Superintendencia de Electricidad solicitándole la inmediata intervención de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).

Solicita que luego del saneamiento corporativo correspondiente se haga una convocatoria a licitación del sector privado para la administración de EdeEste, previo el aporte de capital necesario para su reconstrucción.

Del mismo modo, plantea solicitar al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que promueva la participación de sus afiliados en los proyectos de inversión del sector privado.

En sus propuestas, la Secretaría de Energía y Minas del PLD extiende felicitación al Presidente Leonel Fernández por promover una mayor oferta energética y por haber diligenciado la adquisición el cien por ciento de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleos (Refidomsa), así como al ingeniero Radhamés Segura y demás autoridades del sector eléctrico por la mejora en los indicadores de gestión de las empresas distribuidoras de electricidad.

Entre las sugerencias acogidas figura también una solicitud a la gerencia de la Generadora de Electricidad Hidroeléctrica Dominicana, EgeHid, con copia al Presidente de la República y al Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE, “solicitándoles que toda la energía producida por esa empresa sea vendida a las empresas distribuidoras de electricidad, especialmente a las que se encuentran en manos del Estado dominicano”.