Al poner en agenda para el próximo jueves el expediente sobre la Sun Land, después de un año engavetado, el presidente de la Suprema no sólo se delata, sino que ratifica la necesidad de una Sala Constitucional, así como la redefinición de todo el sistema judicial. De no ser por el proyecto constitucional lo más probable es que el caso del préstamo sin la aprobación del Congreso no hubiera sido desempolvado por ahora, por más afrenta que fuera para la Justicia.

Lo censurable en lo que concierne a la Justicia es que el Ministerio Público se mantenga en el proyecto como el brazo político del Poder Ejecutivo. Lo que se ha visto, al menos los que tienen ojos para ver, es que los fiscales no representan a la sociedad si no los intereses del Gobierno y del partido en el poder. Es la razón por la cual se han negociado perdones vergonzosos a imputados por corrupción y se asedia a opositores.

Pero Subero, que sabe las posibilidades que tiene el proyecto de que sea aprobado, ha preferido jugar el papel de víctima, enarbolando argumentos que chocan hasta con el propio comportamiento del Poder Judicial. No puede ser que para conocer recursos constitucionales, como los casos de la Sun Land y el Concordato, se tenga que esperar más de un año única y exclusivamente porque los expedientes son contra sectores de poder.

Al no contemplar independencia real del Ministerio Público la reforma se queda corta en la necesidad de consolidar el Estado de derecho. Pero de ahí al alboroto de que la especialización de funciones representa un atentado contra el Poder Judicial hay mucha diferencia.

En los 11 años que lleva desde que fue instalada, la Suprema ha podido capitanear los cambios judiciales que urge la sociedad sin intromisiones de ninguna otra instancia pública. Pero el juego de intereses, ése del que hoy se queja, se lo ha impedido.

El clima de seguridad jurídica que ha propiciado que la inversión extranjera haya alcanzado más de 12 mil millones de dólares es parte de sus funciones. Pero el cúmulo de expedientes de que él mismo ha dado cuenta, la desconfianza en torno a su imparcialidad e independencia y otras prácticas que cuestionan la administración de justicia son baldones que opacan su proclamada eficacia.

Si la reforma es cuestionable en lo que se refiere al Poder Judicial no es por la especialización de funciones de los jueces, o, como alega Subero, por convertir a la Suprema en “simple órgano del Estado”, sino porque el Ministerio Público sigue como espada del Ejecutivo.

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