De acuerdo con el informe 2008 sobre Desarrollo Humano en la República Dominicana elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la educación es un proceso de creación de libertades que prepara a la persona para que pueda elegir conscientemente y tenga opciones en la vida, lo cual se convertirá en beneficios que son superiores al simple papel de capital humano.

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Unesco (LLECE), en su Segundo Informe Regional Comparativo y Explicativo publicado en junio del año en curso, afirma que “el derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, de la ciudadanía. Así, afirma, difícilmente se podrá acceder a un empleo digno, o ejercer la libertad de expresión o de participación, si no se tiene educación”. Aclara sin embargo, que ya no basta con acceder a la educación para verse cumplido ese derecho, por lo que considera necesario que esa educación sea de calidad; esto es, que sea pertinente, relevante, equitativa, eficaz y eficiente”.

Por su parte, el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) en su Informe 2007: Educación Superior en Iberoamérica 2007, señala que, para poder abordar las tareas del crecimiento y la competitividad, superar la pobreza y aumentar los niveles de cohesión social, y fortalecer las instituciones que facilitan la gobernabilidad democrática, las sociedades necesitan incrementar sostenidamente su capital humano, en cuya formación juegan un rol decisivo las instituciones educacionales.

Según el CINDA, la educación es uno de los cuatro factores que constituyen el Índice de Economía de Conocimiento de un país. Completan dicho índice, la calidad del régimen de incentivos económicos, la capacidad de innovación ponderada por población, y la penetración y uso de tecnologías de información y comunicación.

Si analizamos todas las declaraciones emitidas por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizadas desde 1991 hasta 2008, encontramos en cada una un compromiso para impulsar el desarrollo apoyándose en la educación como uno de los pilares mas importantes.

Sin embargo, estos planteamientos son claramente antagónicos con el comportamiento de las políticas presupuestales de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, al momento de asignar los fondos destinados a la educación.

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que aglutina las economías más desarrolladas del mundo, destinan a la educación un promedio de 6.2% de su Producto Interno Bruto, según se establece en su informe 2007: Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. En primaria y secundaria, destinan en promedio 81,485 dólares por estudiante con una fluctuación que va desde menos de 40,000 dólares en México, Polonia, la República Eslovaca y Turquía hasta 100,000 dólares o más en Austria, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Estados Unidos, países que exhiben los más elevados niveles en el índice de competitividad a nivel mundial.

En educación superior, excluyendo actividades de investigación y desarrollo, según el mismo informe, los países referidos aplican aproximadamente 7,664 dólares por estudiante, fluctuando entre 4,500 dólares o menos en Grecia, Italia, Polonia y Turquía a más de 9,000 dólares en Australia, Austria, Dinamarca, Noruega, Suiza y Estados Unidos. En moneda dominicana, eso significaría una inversión anual de 268 mil 240 pesos por alumno, considerando la paridad de 35 por uno. Con esos recursos, el subsistema de educación superior dominicano estaría en mejor condición de desempeñar su rol dinamizador de la vida cultural, científica, literaria y socio-económica.

Una realidad muy diferente la encontramos en el informe 2008 Panorama de la Educación Superior en América Latina y El Caribe, del Instituto de Educación Superior de América Latina y El Caribe (IESALC), en el que se señala que la inversión pública en Educación en América Latina y el Caribe en promedio es de 5.4% del PIB, con extremos que varían desde 1.8 en la República Dominicana a 9.8 en Cuba. Destaca que el analfabetismo es en promedio 17.3, situándose en un rango que va desde 0.2% en Cuba, 11.5% en la República Dominicana y llega al extremo de 40.2% en Haití.

También se constata que la competitividad de los países iberoamericanos es baja en general, lo que se confirma en el Informe 2008 de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, en donde sólo aparecen Chile, España y Portugal en los 50 primeros lugares de la lista de países más competitivos de Iberoamérica de una lista de 134 que se evaluaron. En la elaboración de dicho índice, intervienen doce factores o pilares, de los cuales el cuarto y quinto respectivamente son educación primaria y educación superior.

En otro orden, la tasa bruta de cobertura en educación superior en América Latina y el Caribe varía en un rango que se desplaza desde un mínimo 7.7% en Aruba a un máximo de 69.1% en Cuba. En la República Dominicana ese índice es de 24.7 de acuerdo al informe 2008 Panorama de la Educación Superior en América Latina y el Caribe ya citado.

El panorama descrito precedentemente, confirma que la educación en general merece más inversión de recursos, lo cual, obviamente, debería acompañarse de reformas integrales que garanticen una elevación de su calidad y pertinencia.

La educación superior también amerita más recursos para elevar su calidad, pertinencia, eficiencia y eficacia, resolviendo un conjunto de problemas que, en el caso particular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución que alberga algo más del 50% de los alumnos matriculados en este nivel en el país, han sido identificados y son del dominio de la mayoría de los especialistas. Entre esos problemas, merecen especial mención:

1. La Investigación y desarrollo, para incrementar la inversión en la identificación y ejecución de planes y proyectos de investigación que contribuyan a elevar la competitividad de nuestro país.

2. La Tasa bruta de cobertura. Es necesario elevar su porcentaje a fin de ampliar la posibilidad de acceso a la educación superior y a reducir la inequidad.

3. La Calidad. Es urgente mejor aspectos sensibles como son:

a. El currículo, para introducirle los cambios que ameritan en los contenidos programáticos y el nivel de flexibilidad que permita a los alumnos ser verdaderos actores protagónicos del proceso de aprendizaje.

b. La Carga docente, para reducirla a los niveles que permitan elevar la calidad de académica y la calidad de vida de los docentes.

c. La cantidad de estudiantes por sección. Para reducirla al nivel máximo recomendado según los parámetros de calidad establecidos.

d. La infraestructura, para ambientar y dignificar los espacios destinados a la docencia, la investigación y otras actividades que dependen de adecuadas instalaciones y servicios como los sanitarias.

e. La remuneración, para establecer un nivel salarial al personal académico que garantice su dedicación exclusiva en una sola institución, evitando el pluriempleo y permitiendo que el docente disponga de tiempo para su formación, actualización, investigación y la producción intelectual.

f. La formación del personal, para incrementar la inversión en el financiamiento de programas destinados a elevar el nivel educativo del personal docente y administrativo, especialmente ampliar la plantilla de doctores.

4. Los procesos, para aplicar reformas que permitan elevar la eficiencia de los servicios administrativos y académicos.

5. La educación a distancia, para insertar la institución a ofrecer programas en esa modalidad permitiendo ampliar la cobertura y la equidad en el acceso.

6. La internacionalización, para insertar la institución en la competitividad global garantizando la movilidad de alumnos y profesores, así como la oferta de programas en línea, acordes con los avances tecnológicos en comunicación.

7. La descentralización, para introducir reformas que garanticen el establecimiento de un subsistema de educación superior que permita el desarrollo gradual y progresivo de los Centros Universitarios Regionales, y su transformación en Recintos Universitarios con mayor grado de autonomía.

Sin duda alguna, se necesita una mayor inversión en educación para que la República Dominicana transite de una economía basada en venta de servicios que ofrece como atractivo mano de obra barata para inversionistas extranjeros en zonas francas y en el sub-sector turístico, a una economía fundamentada en el conocimiento, donde la producción nacional se sustente principalmente en el valor agregado que aporten personas capacitadas y emprendedoras.