Para esas entidades, así como para personalidades y medios de comunicación, la reacción de la comunidad dominicana de Neyba, fue “desproporcionada e incorrecta”.

Para el exconsul de Haití en el país, Edwin Paraison, la reacción de los dominicanos, ante el vil asesinato de un compatriota, es anormal, injusta, y no se ajusta a la legalidad.

También, “advierte” el señor Paraison, que “los hechos de Neyba, de Guayubín y de Moca, son una señal de la mala voluntad que existe en algunos sectores del país, contra sus compatriotas”.

Sostiene además, el exconsul de Haití en el país, que algunos medios de comunicación son utilizados por determinadas personalidades, para incentivar el odio o la animadversión contra los haitianos que se encuentran ilegalmente en el país.

Manifiesta también, el señor Paraison, que los haitianos que viven ilegalmente en el país, no representan una carga para la República Dominicana.

Sin embargo, lo que no toma en cuenta el señor Paraison, es que la reacción de los dominicanos, se debe, primero, a la indiferencia de nuestras autoridades, que no terminan de aplicar la ley de Migración.

Esa reacción,…de impotencia y rabia de los dominicanos, ante el robo, el asesinato, la tala de árboles, el desplazamiento de los puestos de trabajo, y el maltrato a la identidad nacional, se debe a que nuestros gobiernos se han dejado chantajear por organismos y países, que concretamente no hacen nada por Haití.

Esa reacción, se debe además, a que los dominicanos se han cansado de aguantar, los golpes físicos y morales, de que son objeto a diario, no sólo por los haitianos ilegales que viven y depredan nuestros recursos naturales, sino, también, por las entidades que desacreditan nuestro país en los foros internacionales.

Es por ello, que nuestro gobierno, que ha abogado por la ayuda y la solidaridad internacional por Haití, tiene que poner primero, los intereses de los dominicanos, en primer plano, sin importar las chicharras que siempre critican, en el país o en el extranjero.

Porque, ese es su deber. Porque si nuestros gobiernos continúan con la posición de dejar hacer y dejar pasar, estos 48 mil kilómetros cuadrados que nos legaron nuestros padres fundadores, serán borrados, por las botas militares de imperios que sólo ven la solución a lo que ellos llaman el problema haitiano, en la fusión de ambos territorios.

Es por ello, que antes que ponerse a “condenar”, la supuesta reacción desproporcionada de los dominicanos, los funcionarios electos y designados de nuestro gobierno, deben hablar y hacer lo imposible, para que se aplique la ley de migración, y que los empresarios agrícolas y de la construcción, paguen lo justo, para que los dominicanos trabajen, y sean los que recolecten el café, el arroz, los plátanos, el tabaco, y demás rubros agropecuarios.

Pero además, es necesario que el propio gobierno deje de contratar mano de obra haitiana, en los proyectos de construcción, como un primer paso, para también exigirle al sector privado de la construcción, que aplique la ley de migración, al momento de contratar la mano de obra.

Ojala, y nuestro gobierno no espere a que las Naciones Unidas, a sugerencia de una de las potencias que se beneficiaron de la materia prima y de la riqueza de Haití, proponga la disolución de nuestra nacionalidad, bajo el argumento de maltratos y segregación racial contra una supuesta “minoría” haitiana en el país.

QUE DIOS NOS OIGA.