Un buen ejemplo de ello lo constituye el trato que al concepto de nacionalidad se da en el. En este punto deseamos detenernos, veamos. El Estado Dominicano nace en 1844 con una escasa población y una amenaza constante de invasión, ocupación y dominio de otro estado que se pretende dueño de la isla con una población mayor, y adverso en la parte occidental de la isla. Basado en esta circunstancia todos los legisladores constitucionalistas del siglo XIX adoptaron la figura del jus solis como el mecanismo más apropiado para defender la nacionalidad ante el reto que les planteaba a la nacionalidad la amenaza haitiana. Esa visión se mantuvo latente a todo lo largo y ancho del sigo XX, siglo este último en que se coronó con la política de Trujillo de control migratorio e hispanización de la nación con emigrantes ibéricos. No nos detendremos en la ética teorética de esa política.

Puede afirmarse que ambos objetivos fueron logrados pues ha aumentado la población dominicana de modo tal que hace prácticamente imposible su absorción por otro Estado nación. Ahora el problema es la densidad demográfica. Este problema requiere la ocupación del legislador constitucional en la propuesta que analizamos no está claro que se tenga conciencia de ello, pues como mínimo, debería de ser excluida la figura del jus solis.

Por otra parte, la nueva constitución proclama el Estado social y democrático de derecho. La instauración de ese tipo de estado implica la definición de una clara política de nacionalidad y de migración pues está sustentado sobre aportes o contribuciones que hacen los ciudadanos del Estado nación y cada ola migratoria implica la prestación por parte del Estado de una amplia gama de servicios sociales de salud, educación, vivienda, empleos, etc., que deben ser suplidos como condición previa a la implementación de dicho estado. No se trata del viejo chauvinismo de los siglos XIX y XX sino de asuntos financieros que podrían poner en peligro la existencia mismas del Estado social, tal y como ya ha quedado visto en otras naciones con mayor capacidad financiera que la dominicana. En las cuales la migración es rechazada más que por asuntos étnicos o raciales por la incapacidad sistémica de absorción de los nuevos pobladores y su integración a las conquistas sociales prevalecientes.

Además, el dicho y proclamado Estado social del anteproyecto, no especifica si iríamos a un esquema de universalización de servicios, o a servicios restringidos, ahora bien, en cualesquier caso, la política sobre migración y nacionalidad requiere claras especificaciones para que dicha forma de estado sea una realidad.

Las naciones que mejor han enfrentado este problema son aquellas en las cuales se ha asumido una posición cerrada (jus sanguini) sobre el concepto de nacionalidad y una posición semiabierta sobre el concepto de ciudadanía. Lo que permite la absorción gradual de los emigrantes pero nada de esto está explicado sino que dichos conceptos aparecen expuestos de forma incongruentes.

Las sociedades de hoy en día son definidas como plurales y complejas no existe una mono cultura ni un estado cultural monolítico, se avanza hacia la integración global sin que esto implique renunciar a lo autóctono, pero las reglas deben estar precisadas en la carta magna y en las leyes, sin esto no hay estado de derecho y mucho menos estado social. DLH-10-11-2008