A primera vista, esa información es de suma importancia pues habla muy bien de la idea asentada en la cabeza del nuevo inquilino de la SECTUR en el sentido de que el turismo inmobiliario es la panacea no solo del turismo sino del país, ahondando más puede afirmarse que el asunto tiene un gran contenido, una carga que va más allá de una simple política pública turística, es más bien una decisión de Estado. La prueba de ello nos la brinda el hecho de que simultáneamente la Secretaría de Medio Ambiente liberara trabas e inconvenientes que impedían la aprobación de no pocos proyectos turístico-urbanísticos, también el hecho de que se anunciase al país que turismo y medio ambiente cohabitarán próximamente en una misma morada.

Sea cual fuere la situación dos conclusiones son al menos claras, el nuevo Secretario de Turismo ha comenzado con buen pie pues esa decisión viene a resolver la angustiosa situación por la que atravesaban inversionistas que estaban llegando prácticamente a la quiebra por la parálisis en que se encontraban sus proyectos, por tanto, es una especie de salvador para los que estaban en esa situación. Por demás, es la medida de gobierno más contundente para afrontar la crisis financiera internacional que golpea al Neoliberalismo internacional y financiero en particular provocando el descrecimiento de las principales economías del mundo.

En cambio, no estamos seguros de que dicha decisión sea buena para el medio ambiente. Es más, puede afirmarse que la decisión podría no ser buena a mediado y largo plazo para el propio sector turístico en razón de que todavía la opinión pública no conoce la Resolución mediante la cual se aprobó y diseñó esa nueva política.

Dicho de otra manera, la decisión no da garantías ni seguridad jurídica a los inversionistas porque no establece sobre cuales parámetros se puede invertir en el sector turístico y ese era el mismo problema que afrontaba Felucho, sus decisiones carecían de un marco legal adecuado, las reglas no estaban claras, las cosas podían o no podían ser dependiendo de una serie de variables relacionadas con su personalidad. Ahora podríamos no saber si la decisión obedece a una política de Estado motivada por la crisis internacional, o si por el contrario, es un golpe de efecto para el nuevo Secretario borrar la mancha indeleble que dejó Felucho en la SECTUR e imponer la propia.

Tampoco se sabe si la decisión aplica solo para proyectos presentes paralizados o si incluye a proyectos futuros. No sabemos si es una medida de corto o de largo plazo. Tampoco sabemos si aplican los proyectos de todos los polos turísticos. Esas informaciones deben estar contenidas en un acto administrativo de carácter general transparente e igual para todos los inversionistas, no pueden estar sujetos a discrecionalidad pues la legalidad de un acto administrativo o de una decisión administrativa está ligado primero a su existencia y luego a su conformidad con la ley. En el caso que nos ocupa no tenemos ninguna de las dos informaciones.

Entendemos que el nuevo Secretario ha tenido éxito en el poco tiempo que lleva en la cartera pues su estilo ya ha quedado plasmado en los movimientos nacionales e internacionales que lleva realizado dejando a Felucho en el pasado. Lo cual es importante porque una de las interrogantes que presentaba la salida de Felucho era si podía conseguirse a alguien –en el estrecho entorno presidencial- con la capacidad de trabajo de Felucho y de desenredar los enredos allí dejados, parece que el Presidente de la República acertó y vino a demostrar que nadie es imprescindible en la vida y mucho menos en la política.

Pero al margen de esos comentarios, lo importante para la nación, para los inversionistas y para el sector, es la seguridad jurídica, la institucionalidad, la existencia de reglas jurídicas claras, transparentes e iguales para todos.

En estos puntos, todavía el nuevo Secretario sigue sin presentar credenciales. Vamos a ser optimistas y esperar que en los próximos días, el flamante secretario presentará una resolución que solventará nuestras preocupaciones institucionales, pues es ampliamente conocido el principio de que “Las reglas de derecho se imponen a los gobernantes que son individuos como los gobernados, que deben obrar conforme al derecho positivo y no pueden obrar más que bajo sus límites. Su voluntad no es bajo ningún punto de vista superior a la de los gobernados como la de éstos tampoco lo es, ella se impone cuando es conforme a derecho y solo en esta condición. La fuerza de los gobernantes no es pues legítima en si misma, sino solo cuando es empleada para aplicar el derecho legalmente existente.” DLH-2-11-2008