Antes que reducir los poderes presidenciales, el proyecto no hace más que acentuarlos, pero no sólo en lo que respecta a la designación de cuantos subsecretarios de Estado se crea conveniente, sino en a la potestad para autorizar por decreto nuevos gastos y transferencias de fondos, y partidas de una dependencia a otra, cuando la legislatura esté en receso. Se pensaba que eran estos tiempos para leyes que fortalezcan la institucionalidad en detrimento de personalismos, pero ya está claro que no es así

El Presidente sabe que, más que en cualquier otra facultad, el poder está en el clientelismo que él ha fomentado a sus anchas. De no ser así no habría echado por la borda su compromiso del año 2004, cuando postuló que hay cargos en exceso “creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal”. Esos –dijo- serán suprimidos. Pero además señaló que “hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría de Estado correspondiente”. Goza también de la prerrogativa exclusiva para fijar, modificar, unificar, aumentar o suprimir remuneraciones.

Podían andar por la luna quienes esperaban un proyecto menos presidencialista, pero no de deja llamar la atención que en tiempos en que se fomenta la participación, por aquí se piense en una suerte de realeza cuando se proclama que el “Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente de la República, símbolo de la unidad nacional y de la permanencia del Estado”.

El proyecto se aparta también de la concepción que ha expuesto el Presidente sobre la función del Estado. “Soy de los que creen con absoluta y firme convicción –decía- que las oportunidades de empleo tienen que ser iniciadas, fundamentalmente, en el sector privado, que es el gran creador de la riqueza nacional”.

Pero como la discusión está en pie y el Presidente declaró que su intención no era imponerlo a través de la “tiranía de la mayoría” en el Congreso, las vistas públicas han evidenciado una respetable mayoría a favor de que sea conocido por una Asamblea Constituyente y no por la Revisora. Desde mi punto de vista, el método es irrelevante, aún reconociendo que debe hacerse a través de la norma legal. Lo importante sería que el proyecto sea el sentir y los puntos de vista de esa mayoría que opina sobre la polémica pieza. Quizás así no se hable de reforma presidencialista.

l.casanova@elnacional.com.do

lperezc@codetel.net.do