La queja de los productores y productores de cine, Alfonso Rodríguez y Ángel Muñiz es justa, pero en cierta medida ellos han sido culpables de lo que le ha estado sucediendo.

Digo esto, porque en vez de reclamar desde un principio el cumplimiento de la ley sobre Derecho de Autor en la materia, para que ninguna película nacional o extranjera fuera pirateada, ellos se contentaban con que las autoridades persiguieran sólo los vendedores de las suyas.

Y con esos fines uno que otro salía a la calles a buscar vendedores de la película producida y dirigida por ellos. Iban a la Fiscalía a denunciar a los piratas de sus filmes, sin importar qué se hiciera lo mismo con producciones extranjeras.

Eso de luchar por el cumplimiento de la ley sólo en lo que corresponde a “mi parte” es equivocado y conduce a la trampa en que están ahora. Si el cine dominicano es buen negocio, el pirata va hacia a él en busca de sus beneficios. Es lo que ha venido sucediendo.

Desconozco porqué las actuales autoridades no accionan contra los piratas de películas nacionales y extranjeras, que ha devenido a ser tan masivo como la existencia de puntos de drogas.

Cualquier limpiabotas, después de lustrarle los zapatos le pregunta a usted si no quiere algún disco o películas, incluso, algunas sin haber sido estrenadas hasta en Estados Unidos.

En los lavaderos de carros, plazas, talleres y mercados andan los pregoneros de películas y disco pirateados de los más populares artistas nacionales e internacionales.

Eso es violatorio a la ley, pero como en todo, en este asunto se vive como chivo sin ley, que al parecer es la mejor forma de vida para quienes sacan ventajas al desorden.

Unos años atrás, compañías de Estados Unidos tenían hasta oficinas luchando aquí contra los piratas de películas, incluso vivían reclamando sanciones en el Departamento de Comercio de Estados Unidos en contra de República Dominicana. Ninguna de esas iniciativas existe hoy.

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) es un organismo acéfalo que no dispone de recursos para luchar contra este tipo de robo a la propiedad intelectual. Se parece ya a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, útil sólo para quienes cobran salarios en esa dependencia.

El doctor Pedro Feliz, hasta donde tengo entendido, es Procurador Adjunto asignado a lucha por el respeto a la Propiedad Intelectual, pero no dispone de personal ni de recursos para hacer el trabajo.