La intervención de los peritos forenses, con sus conocimientos especiales en la investigación médica, pueden ayudar a la administración de justicia. Pero esto no es una fórmula fácil, pues, para identificar a un individuo es necesario saber seguir el curso del proceso de la investigación judicial. Todas ellas tienen la misión de descubrir el delito, inquirir a la víctima y proporcionar las pruebas que permitan castigar al acusado. Se hace notar el carácter esencialmente diagnóstico de la medicina legal, pero también, en ocasiones, tiene aspectos de pronóstico y aún de profilaxis, debido a que existe un objetivo terapéutico social: Tratar la delincuencia, que es la enfermedad de la sociedad, y persuadir al delincuente.

En el caso último, de la psiquiatría forense, identificar a un acusado es individualizarlo psicológicamente, que no haya dudas en cuanto a los hechos y su persona. La medicina legal psiquiátrica tiene una amplia base interdisciplinaria: medicina, psicología, enfermería, asistencia social, justicia y ética. El hábitat en el cual se va a ejercitar la psiquiatría forense es el cuerpo Médico Forense, compuestos por los psiquiatras forenses del Estado, o por los peritos formalmente acreditados al sistema de justicia penal del país. Ya sabemos del estado actual de la ocupación psiquiátrica en esta materia.

Luego viene el examen psiquiátrico –que no equivale a observar el paciente en un estado momentáneo–, sino que hay que registrar su historia psicológica, porque de ella deriva una gran parte de al opinión que debemos tener del caso. A esta revisión se le conoce como anamnesis.

En el internamiento en una institución mental, la legislación debe indicar los requisitos mínimos para el internamiento, sea en casos de enajenados o sea a petición de una solicitud del sentenciado que aun no cumple con la condena.

Estos requisitos, al menos, para la legislación española son los siguientes:

Que se haya probado la enajenación mental por medio de un dictamen medico-psiquiátrico;

Que revista un carácter de amplitud que legitime el internamiento; y,

Comprobación de que la perturbación existe.

Estos criterios deben ser asumidos con muchas responsabilidades de parte del médico que colabora con la justicia, dado que implica una vigilancia de los facultativos y no el caso dejado solo a la suerte del penal.