El presidente Alvaro Uribe anunció la aplicación de esa extrema medida en rueda de prensa en la Casa de Nariño tras una reunión con el ministro de Interior de Justicia, Fabio Valencia.

Uribe dijo que como consecuencia del paro han quedado en libertad más de dos mil delincuentes y se corre el riesgo de que muchos más lo logren en los próximos días.

Asimismo planteó que han dejado de realizarse más de 120 mil procesos y 30 mil demandas de todo tipo se encuentran estancadas.

Añadió que el estado de conmoción se establecerá por 90 días en los cuales se aplicarán medidas complementarias para garantizar que se supere la congestión en la gestión judicial, paralizada en todo el país.

Uribe planteó que el gobierno mantiene el ánimo de dialogar con la Asociación de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) para buscar una solución a los reclamos salariales de los funcionarios en huelga.

Sin embargo, advirtió que el ejecutivo no puede asumir compromisos que no pueda cumplir.

Por su parte, el ministro Valencia anunció que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.

En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.

Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes a partir de mañana y durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales.

La conmoción interior le da al gobierno facultades para emitir leyes y decretos para enfrentar situaciones excepcionales, como perturbaciones de orden público que afecten la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.

Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.

La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.

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