La reunión comenzó poco después de concluida una jornada en que el IBEX-35, el principal indicador de la bolsa española, registró la segunda peor caída del año con una pérdida del 6,05 por ciento (692,50 puntos) frente a un 7,54 el 21 de enero pasado.

Según medios especializados, se trata del quinto mayor descalabro de la historia de ese índice creado en 1992.

El desplome incluyó también a los más significativos valores del mercado, como los bancos Santander y BBVA, con una pérdida del 6,07 y 5,20 por ciento, respectivamente, y las empresas Telefónica (5,59), Repsol-YPF (7,19) e Iberdrola (7,62).

En la cita con Rodríguez Zapatero participaron el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y los presidentes del BBVA, Francisco González, y del Banco Popular, Ángel Ron.

Asimismo, los titulares de La Caixa, Caja Madrid y Unicaja, Isidre Fainé, Miguel Blesa y Braulio Medel, respectivamente.

Un reporte oficial indicó que el propósito del gobernante era conocer la visión de los banqueros sobre la situación económica y financiera.

Durante este agitado lunes también se anunció que el mandatario francés, Nicolás Sarkozy, invitó al jefe del gabinete español a una reunión el próximo viernes en París para analizar la actual crisis.

Igualmente, el vicepresidente y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reiteró, antes de viajar a Luxemburgo a un encuentro ministerial europeo, la posición de España a favor de medidas conjuntas frente a la actual crisis.

Poco antes Alemania siguió los pasos dados de manera individual por Dinamarca, Grecia, Irlanda y Austria para brindar garantías a la totalidad de los depósitos bancarios, lo que fue interpretado como un grito de Sálvese quien pueda.

Muchos de los análisis especializados sostienen que esa acción puede desatar una incalculable fuga de fondos hacia las entidades bancarias que ofrecen seguridad absoluta en medio de la crisis.

En España el Fondo de Garantía de Depósitos asegura la recuperación de solo 20 mil euros por cliente y entidad, aunque Solbes admitió hoy la posibilidad de aplicar nuevas medidas al respecto si no se consigue un consenso europeo en la materia.

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