La reunión de la SIP se desarrolla en Madrid y en ella fueron denunciados los casos de agresiones y acoso contra los periodistas dominicanos, algunos de ellos camuflados de acciones judiciales por presunta difamación e injuria.

A continuación el texto íntegro del informe presentado ante la SIP:

Los niveles de incomprensión e intolerancia frente al libre ejercicio periodístico se han incrementado en los últimos seis meses en la República Dominicana con agresiones, amenazas y presiones que llegaron a su punto más inquietante cuando el juez Felipe Molina Abréu autorizó otorgar la fuerza pública para obtener en las oficinas de los periodistas Nuria Piera y Huchi Lora videos y documentos relacionados con una serie de trabajos de investigación periodística acerca de la calidad de la leche que se sirve en el desayuno escolar en las escuelas públicas.

Este intento, que fue detenido con un auto de oposición, ha recibido un amplio rechazo en la comunidad periodística dominicana, ya que podría sentar un funesto precedente en contra del derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, además de inducir a la autocensura.

Esta pretensión judicial, violatoria de un principio fundamental que garantiza la confidencialidad en el manejo de las fuentes informativas, se presentó en medio de un proceso de demanda por alegada difamación e injuria, que forma parte de una creciente tendencia para tratar de amedrentar a la prensa independiente que realiza un periodismo crítico sobre temas de interés general.

Aunque muchos de estos procesos concluyen con sentencias que liberan de responsabilidad a los periodistas y medios de información, los comunicadores se ven expuestos a situaciones largas y tediosas que les afectan en su ejercicio profesional y crean temores a reporteros que pueden sentirse disuadidos a tocar asuntos conflictivos relacionados con intereses grupales o particulares.

Debemos también mencionar que el jefe de Redacción del vespertino El Nacional, Domingo del Pilar y el reportero de ese diario Aquino Arroyo fueron descargados, luego de que un tribunal conociera la demanda de un ciudadano que se consideró difamado en una información.

Otro caso relevante en el último semestre es el de la periodista Alicia Ortega, favorecida por el dictamen de un tribunal que declaró inadmisible una demanda de 300 millones de pesos incoada por representantes de una entidad que se consideró afectada por otro trabajo de investigación periodística, luego de la divulgación de un reportaje en que personas denunciaban la forma en que habían sido estafadas con promesas de empleos.

El programa de televisión de Eduardo Castellanos fue sacado del aire en la provincia de Montecristi por órdenes del entonces representante del Poder Ejecutivo, el gobernador provincial Rafael Caba Abreu, luego de que se hicieran críticas al funcionario. El programa fue reabierto por gestiones realizadas por el Colegio Dominicano de Periodistas.

El gobernador fue luego destituido por el presidente Leonel Fernández, quien, a diferencia de algunos funcionarios, dirigentes políticos y representantes del sector privado que actúan con hostilidad e intolerancia hacia la prensa, ha mantenido una actitud de respeto y reconocimiento a la labor que realizan periodistas y medios de comunicación.

Igual actitud mantiene el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien en dos oportunidades, ante críticas difundidas en los periódicos sobre programas a cargo de su despacho, de manera pública ha expresado su agradecimiento, por considerar que le ayudan a mejorar la eficiencia de esas iniciativas.

Sin embargo, el comportamiento no es el mismo en otros ámbitos. El periodista Manuel Antonio Vega, de la provincia de Hato Mayor, fue conminado mediante citación de alguacil por el diputado Santiago Vilorio Lizardo para que entregara material fílmico y magnetofónico de varias ediciones de su programa en el canal 10 de Varo Visión.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien junto al Colegio de Periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado contra los intentos de coartar el libre ejercicio periodístico, tiene registrado lo que define como una ola creciente de presión, amenazas, agresiones e intimidaciones contra comunicadores, fotógrafos y camarógrafos, que en lo que va de año ha alcanzado 53 casos. En esa lista se incluye el asesinato del camarógrafo y productor de televisión Normando García que, aun no ha sido aclarado por las autoridades, casi dos meses después del crimen en la ciudad de Santiago.

Olivo De León, secretario general del gremio, condenó la modalidad de someter a la justicia a los periodistas por parte de sectores ligados al crimen organizado, la delincuencia e incluso empresarios y particulares, como un mecanismo encaminado a que se silencien situaciones de escándalo, corrupción y narcotráfico.