El congreso estadounidense ha visto con recelo la petición del presidente George W. Bush que propuso un plan que conlleva un costo de 700 mil millones de dólares para enfrentar el derrumbe económico en esa nación. Por eso, la Cámara de Representantes rechazó el plan de socorro financiero elaborado por el Gobierno y los líderes del Congreso, rechazo calificado como “decepcionante” por los países que conforman la Comisión Europea, que entiende que Estados Unidos debe asumir como país la responsabilidad en el caso.

La crisis de los 90 se originó en las llamadas hipotecas subprime, y estalló el 9 de agosto de 2007, si bien sus causas surgen de años anteriores. Estas hipotecas son de un tipo especial orientadas a clientes con escasa solvencia, por lo cual tienen un riesgo de impago mayor al de los otros créditos.

Después del estallido de la burbuja de Internet en el 2001, muchos inversores se habían volcado a las propiedades, tradicionalmente vistas como las inversiones más seguras. En el caso estadounidense, además, la compra y venta de vivienda con fines especulativos estuvo acompañada de un elevado apalancamiento, es decir, con cargo a hipotecas que, con la venta, eran canceladas para volver a comprar otra casa con una nueva hipoteca, cuando no se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca puente.

Una investigación realizada por el economista argentino Andrés Salama refiere sobre el particular que “el mercado aportaba grandes beneficios a los inversores, y contribuyó a una elevación de precios de los bienes inmuebles, y, por lo tanto, de la deuda. Así, se empezó a crear una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en los primeros años de ésta década. El escenario empieza a cambiar hacia el 2004, cuando la Reserva Federal empieza a subir las tasas para controlar la inflación. De una tasa del 1% en el 2004 se pasa a una tasa superior al 5% en el 2006”.

Salama es investigador del Centro de Investigación y Medición Económica de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y sabe muy bien lo que está reseñando.

Otros detalles interesantes de esa investigación ponen de manifiesto que “hacia 2005, los precios de las viviendas en algunas regiones de los Estados Unidos empezaron a caer y la burbuja inmobiliaria empieza a desinflarse. Todo esto hace aumentar la tasa de morosidad, y el nivel de ejecuciones, y no solo en las hipotecas subprime. La crisis sería una de las típicas de las que se leen en los libros de texto: cuando la situación económica es buena, los inversores están dispuestos a aceptar cierto riesgo. Al continuar el crecimiento económico, toman aún más riesgo. Pero cuando empiezan a haber indicios que la economía está por frenarse, se dan cuenta que tienen demasiado riesgo en sus portafolios, momento en el cual empiezan a deshacerse de sus activos más riesgosos, iniciando la crisis”.

Andrés Salama destaca en su investigación que “para el 2006, la crisis inmobiliaria ya había llegado a la bolsa, y el índice bursátil de la construcción cayó un 40% ese año. Para mediados del 2007, el mercado empezó a darse cuenta que importantes entidades bancarias y grandes fondos de inversión tenían comprometidos sus activos en tales hipotecas de alto riesgo”.

Los enemigos políticos de Bush lo responsabilizan de la crisis e insisten en enrostrarle la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas de la población. La guerra de Irak y otros gastos superfluos en los programas bélicos le ha costado a Bush antipatía en la ciudadanía y en numerosas naciones que están en desacuerdo con la incursión de tropas norteamericanas en territorios ajenos.

Indirectamente, parte de este aspecto lo consigna Salama en su trabajo titulado “Causas y consecuencias de la crisis financiera”, al resaltar que a finales de julio del 2007, “dos fondos del banco Bear Stearns quebraron, pero el pánico entre los inversores se generalizó el 6 de julio, cuando la American Home Mortgage, el décimo banco hipotecario de los Estados Unidos, anunció su quiebra. Otra importante empresa financiera, Countrywide, quedó también al borde de la bancarrota. Esto impactó en todo el mercado, y particularmente en los hedge funds”.

Los hedge funds, entre los cuales se encuentran los de Bear Stearns, y uno de BNP Paribas que también anunció su quiebra, son instrumentos de inversión privados, que al no estar regulados les permite una mayor flexibilidad en el momento de decidir una estrategia.

Al decir de este economista, lo que están pasando actualmente en Estados Unidos esto encierra también mayores riesgos, ya que en los fondos regulados, el apalancamiento no suele superar la tercera parte de los activos, mientras que en los hedge funds es ilimitado, y en algunos casos llegó a ser hasta cien veces mayor que el capital propio”.

“En suma, esta situación provocó una repentina contracción del crédito y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose una espiral de desconfianza y pánico, y una repentina caída de las bolsas de valores de todo el mundo. Los inversores buscaron refugio en lo que sigue considerándose la inversión más segura, los bonos del tesoro de Estados Unidos, con lo que el resto del mundo empezó a sufrir una retracción de capitales”, agrega.

Observa Salama que “Ante esta situación, los principales bancos centrales del mundo empezaron a asumir su rol de prestamistas de última instancia e inyectaron liquidez al mercado en valores de decenas de miles de millones de dólares. Para el viernes 17 de agosto, la crisis pareció haberse tomado un respiro, al revertirse la caída de las bolsas. Pero nadie puede asegurar que la crisis haya terminado”.

Lo ocurrido en Wall Street el lunes pasado y el derrumbe de otros bancos importantes e influyentes en la economía de Estados Unidos es un mal presagio de lo que vendrá. Con razón la Comisión Europea reaccionó de mala manera ante la situación. América Latina también está en alerta roja. Además, no olvidemos que Estados Unidos está acostumbrado a revivir crisis financieras parecidas, sobre todo en momentos de profunda recesión originada principalmente la política bélica del Gobierno.

Los datos aportados por Salama no tienen desperdicios.