Cabe entonces preguntarse, ¿Por qué no son citadas las partes? La respuesta está en el Nuevo Código Procesal Penal, resulta que en el derecho francés tradicional que nos regía el interés movía la acción, es decir, aquel cuyo interés perseguía la celeridad del proceso tenía la potestad de dirigir y encargarse de cumplir todos los vericuetos procesales, podía equivocarse, en cuyo caso, se caía una audiencia, pero en la próxima enmendaba de tal modo el error, que hacía imposible su colapso. Para el objeto procesal, podía escoger al ministerial que considerase de lugar siempre que estuviere habilitado para ejercer su oficio. Ahora no puede hacerlo, el Nuevo Código Procesal Penal ordena que todo lo referente a citaciones han, de ser realizadas por las débiles secretarías de las salas del tribunal y unos ministeriales también dependientes del tribunal. Esto es contradictorio pues el NCPP se dice republicano pretendiendo significar que las partes son dueñas del proceso y no el sistema de administración de justicia, lo cual viene a demostrar que dicho código no respeta siquiera sus propios principios procesales.

La consecuencia es que el nuevo proceso ha venido a resultar peor que su antecesor pues ahora los pocos alguaciles del tribunal aducen sobre carga de trabajo y mala remuneración para poder ejercer su oficio. Esto unido a una ausencia total y absoluta de supervisión y de sanciones trae los males que comentamos, pues los alguaciles esperan a que el tribunal les ordene notificar pero hasta que no aparece la parte con interés en el proceso y le paga un extra no cumple con su mandato. Pagar el extra sería el daño menor el problema está en que cuando una de las partes aún con un marcado interés en la celeridad del proceso desea ceñirse estrictamente al mandato del NCPP, simplemente su audiencia se cae. Esto sin decir que ocurre de ordinario que debe conseguirse un auto en el cual se designa de manera particular a un ministerial y no siempre resulta fácil localizar específicamente a ese alguacil. No es que queramos decir que esto solo existe en materia penal, pues en materia civil y comercial ocurre otro tanto cuando el tribunal comisiona un alguacil, los abogados saben que van a pasarla amarga localizando al individuo y luego soportándole todo tipo de sandeces que se resumen en un mayor costo, o en una falla ex propósito, pues esto abre espacio para la corrupción procesal, consistente en que teniendo el alguacil comisionado el monopolio de la notificación, todo aquel abogado que trate de ser probo corre el riesgo de que la negligencia del tribunal, la inescrupulosidad de la parte contraria y las debilidades del ministerial, lleven su caso a engrosar la lista del 40% de que habla nuestro fiscal.

¿Qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia al respecto?

Complicar las cosas pues ha dictado un reglamento según el cual el ministerial tampoco es responsable de sus fallas sino la secretaría del tribunal, cumpliendo con el dicho popular de que la soga rompe por su lado más vulnerable. Pues a la enorme cantidad de trabajo que tienen éstas asistentes judiciales le han endosado otro no menos tortuoso y complicado, la supervisión de notificaciones cuyos vericuetos desconocen por no ser abogados. DLH-14-9-2008.