Es curioso, pero en los últimos tiempos han surgido una serie de demandas judiciales contra periodistas, aupadas por sectores pertenecientes o ligados al empresariado y al tren judicial, al sentirse difamadas o injuriados. Están en su legítimo derecho. Sus argumentos, sin embargo, necesitan ser reconocidos por los tribunales, una vez aportadas las pruebas que soporten las demandas.

Los principales blancos de esos procesos judiciales han sido Huchi Lora y Nuria Piera, dos comunicadores dominicanos de reconocida profesionalidad y ética, lo que incluye una honradez a toda prueba.

El “delito”, así entre comillas, de estos honorables y apreciados colegas, ha sido denunciar que la leche que sirve el Gobierno a través del desayuno escolar no reúne los requisitos de calidad que debiera tener. Esto bastó para que una empresa que suministra la leche a ese desayuno se sintiera “injuriada y difamada”, para dar paso a un sometimiento a la Justicia a los dos periodistas. Esa empresa está en su legítimo derecho, aunque no parece haber actuado con Justicia el magistrado que ordenó la incautación de videos no editados sobre la denuncia de los periodistas.

Uno se pregunta por qué, para fines del juicio, son necesarios videos que no trascendieron a la opinión pública, es decir, que no fueron difundidos, lo que los invalida como prueba.

Otro punto es que Huchi tiene sus oficinas en Telesistema, de manera que sería una agresión a esa empresa privada que la allanen para buscar una supuesta prueba. En el caso de Nuria, ella dijo que los videos sobre el caso fueron reciclados, es decir borrados, lo que de nada servirían para ser mostrados ante un tribunal.

Esto es en cuanto se refiere al procedimiento llevado, pero lo más grave de todo esto es que se trata de acallar voces independientes, que han dado muestras más que suficientes en cuanto se a defender las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos, credenciales que no pueden mostrar muchos en la República Dominicana.

En igual sentido me parece una aberración judicial haber citado ante un tribunal a maestros del periodismo como Radhamés Gómez Pepín y Mario Álvarez Dugan, el primero casi en la víspera de la presentación de un libro que habla sobre su inmaculada trayectoria como profesional, mientras el segundo está convaleciente.

Suerte que los excluyeron del expediente judicial, pero además descargaron a la periodista Odalís Mejía y a su colega José Alfredo Espinal. En este caso, el demandante se sintió difamado, luego de que los medios que representan los dos colegas publicaran una información ofrecida por la Policía, en la que decía que el señor Rubén Torres Marine habría participado en el secuestro del niño Ángel Sebastián Hernández Reyes, nieto del rector de la Universidad Abierta para Adultos Ángel Hernández. Posteriormente, se supo que el hoy demandante fue descargado por el Ministerio Público, ya que se estableció que se incluyó en el caso por error de la Policía. A raíz de ello, y a petición del demandante, ambos medios de comunicación rectificaron la información. Sin embargo Torres Marine procedió a interponer la demanda, en la que pidió una indemnización millonaria.

En cuanto a los demás periodistas, algunos de ellos son atropellados o acosados en su trabajo por ciudadanos particulares e incluso por más de un agente policial o judicial, con el inútil propósito de acallar sus voces.

Estos enemigos de la libertad de prensa no pasarán, pues tendrán que hacer lo propio con cientos y cientos de periodistas que no estamos dispuestos a callar ante los abusos. Siempre he dicho que los periodistas tenemos, como misión principal, que desenterrar el estiércol que está debajo de las flores, o lo que parecen flores, hasta encontrar la verdad de las cosas.

Mi solidaridad, pues, con Huchi Lora y Nuria Piera, pero además con los otros colegas, a quienes felicito por su excelente trabajo, exhortándolos a no desmayar para que algún día nuestra nación se enrumbe por los caminos de la verdadera Justicia y la Libertad.

santiagoestrella2000@yahoo.com