Al mismo tiempo prometen ser instrumentos que inesperadamente puedan contribuir a que las instituciones encargada de impartir justicia y de fiscalizar una mejor distribución de las riquezas nacionales comiencen a ser operantes en la República Dominicana.

Los acuerdos comerciales, más que impulsar la competitividad de los sectores productivos y frenar los altos beneficios comerciales, podrían contribuir a controlar la hipercorrupción y la hiperimpunidad que caracteriza a naciones como la dominicana.

Cada estado firmante de los convenios podría ocuparse de que los demás estados no sólo dejen de asignar subsidios y exoneraciones fiscales a ineficientes productores nacionales, en confabulación con los poderes políticos existentes, sino que además, contribuirían a frenar las tradicionales evasiones fiscales que han sido uno de los recursos de enriquecimiento mas recurrido, al mismo tiempo que de expoliación del bienestar popular mas bochornoso.

Las empresas que participen en los acuerdos y los estados que las respalden, procurarán garantizar una competencia equitativa. Las presiones que probablemente pongan en marcha harán que los mecanismos judiciales de la nación se orienten hacia ese objetivo.

Así mismo actuarían para impedir que algunas autoridades judiciales participen en complicidad con otros sectores, en la alteración de la institucionalidad y su conversión en un medio para negocios lucrativos.

De modo que es posible esperar que la benevolencia con que la justicia actúa contra políticos, empresarios y jerarca de la oficialidad policial y militar corrompida, contra traficantes de drogas y de seres humanos, se vea reducida significativamente.

De la misma forma, se puede esperar que la presión proveniente de estos sectores influyan para que las organizaciones políticas, el congreso y el estado en general sean más transparentes y cumplidores de sus roles institucionales.

La atmósfera que esto generará contribuiría a frenar los fraudes que como epidemias se verifican en el sector privado, específicamente en el área de las finanzas, que bajo la protección de influyentes elementos de los poderes públicos y de decisivos sectores políticos, conspiran, como efecto ha ocurrido, contra la mayoría nacionales.

Por experiencia sabemos que toda organización social, necesita de la supervisión de instancias externas, de manera que el alerta a lo que esto obliga, derive en un mejor desempeño de las responsabilidades de los grupos humanos que los componen.

Y es lo que vemos en muchas esferas privadas y públicas donde se gestionan empresas lucrativas o no y por cuyo funcionamiento se manifiesta el celo empresarial o institucional en procura de lograr los objetivos para los que se constituyeron.

Los acuerdos comerciales podrían jugar ese rol en la sociedad dominicana. Contribuirían, además, a que se desencadenen mayores energías en el ejercicio pleno de las competencias individuales, adicionales a las que se generan por automotivación, compromisos con causas sociales, o aquella que se motoriza con una remuneración adecuada.

Con un control externo, atento, dedicado y competente las instituciones públicas, como todas las organizaciones humanas se dedicarían a cumplir mejor sus responsabilidades y alcanzar así una mejor sociedad.

Pero en la conducción del estado dominicano no ha ocurrido lo mismo. Muchos individuos en posiciones de privilegio en la gestión pública, se confabulan con sectores económicos poderosos con el objetivo de lucrarse a través de la violación de los procedimientos internos del Estado.

Vemos que cuando se logran algunos avances en el adecentamiento de las instituciones públicas, como resultado de las acciones de la voluntad popular y de algunos sectores no corrompidos de las elites nacionales, resultan ser frustrados más adelantes por los portadores del virus del desorden y del atraso social, porque el nuevo estado de cosas les impide generar los exagerados beneficios a los que están acostumbrados

Como carecemos de un órgano superior que obligue a los que encarnan los poderes públicos a cumplir con sus roles, tenemos en consecuencia que las instituciones del estado han devenidos deliberadamente en ineficientes.

Esta “ineficiencia” han funcionado con tanto cuidado, al extremo de que se puede señalar que ningún representante de las elites de poder, hasta el día de hoy, ha recibido un veredicto judicial de culpable que no encuentre el momento para burlarse del mismo.

Las tratativas de ésta índole, sólo encuentran abonos en países como el nuestro, donde los poderes públicos operan como fachadas, pues el peso de sus decisiones operan efectivamente contra los carentes de poderes políticos y económicos.

Mientras tanto, los “elegidos” de la fortuna, cual si fueran juegos de bloques, arman, con las leyes “para todos” muñecos de impunidades. Ese estado de cosas se ve alimentado por la inexistencia, hasta a hora, de un mecanismo capaz de ponerle freno y que al mismo tiempo posibilite la creación gradual de una sociedad más justa, donde todos podamos crecer integramente.