No tenemos argumentos para plantear que la ley que norma la lucha contra la drogas no requiera de modificaciones para soportar legalmente las acciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y demás organismos del Estado que luchan contra ese flagelo.

Pero hay que advertir ahora que esas modificaciones a la ley no resolverán el problema esencial que hoy se debate en la sociedad. Ese problema no es otro que la proclividad hacia la contaminación de esos organismos y sus agentes por parte del narcotráfico.

Tampoco resolverá la proclividad a ser seducido por el narcotráfico la estructura judicial, entiéndase fiscales y jueces, ni que ocurra lo mismo con estamentos claves del aparato estatal.

A nuestro entender las debilidades en la lucha contra el tráfico de drogas, es sólo reflejo del gran problema nacional, patentizado en una degradación ética y moral generalizada, en la impunidad a todos los niveles y ante todo tipo de delito.

El contubernio de estamentos sociales y del Estado hacia el narcotráfico, es parte de ese drama nacional que incluye la corrupción a todos los niveles que tampoco ha estado al alcance de la ley.

A partir de esta visión, conviene que nos aboquemos a ver la lucha contra el narcotráfico dentro de una estrategia orientada a producir una revolución moral en la sociedad dominicana, a la que ya se han referido algunos políticos, incluyendo el propio presidente Leonel Fernández. Y esta estrategia de adecentar la sociedad debe concebir que el combate contra un mal no será efectiva si no se enfrenta al otro.

Es erróneo pesar que el delincuente le va a temer a la ley, sino no tiene razones para temerle a quienes la aplican. Y cuando una Nación entra en un deterioro como la que ha venido registrando la República dominicana, la ley no deja de ser otra cosa que un pedazo de papel.

De modo que además de pensar en modificar la ley que rige la lucha contra el narcotráfico, conviene que se piense en cómo se va a dotar al Estado de la integridad para que sea así mismo un ente intimidador del ciudadano propenso a la delincuencia.

Y eso no será posible mientras haya personas que salgan de cargos públicos enriquecidos y no reciban el castigo de la Justicia, que por demás, padece del mismo mal al que se la ha asignado combatir.