En estos tiempos ningún oficial ha debido sufrir el drama de que lo separen de las filas por antigüedad en el servicio o, como se ha pretextado en el caso de los remeneos dispuestos en la Policía, en base a la ley. A menos que sea por alguna falta grave, el proceso debería ser automático. Pero se sabe que la decisión implicaría una fortaleza institucional que no ha interesado ni siquiera a las propias víctimas.

A propósito de los movimientos, el secretario de Interior y Policía, licenciado Franklin Almeyda, ha dicho una gran verdad cuando afirmó que en la Policía sobran más de 40 generales. Pero se trató sólo de una verdad a medias, porque no es sólo en ese cuerpo que hay exceso de oficiales, sino en todas las ramas de las Fuerzas Armadas y todo el sector público.

Pero el caso no es ni siquiera hablar de las funciones de secretarías como la de la Juventud y la Mujer; de multiplicidad de organismos con las mismas atribuciones, y ni siquiera de la caterva de secretarios sin Cartera, subsecretarios, subdirectores, ayudantes civiles, inspectores de la Presidencia, embajadores adscritos a la Cancillería, ministros consejeros, vicecónsules y agregados.

Lo contradictorio con las remociones militares es que ahora se quiera justificar la medida bajo el pretexto de antigüedad en el servicio. Pero resulta y viene ser que los oficiales reintegrados durante el proceso electoral, entre los cuales figura el mayor general Juan Bautista Rojas Tabar, y otros que sirvieron durante la administración de Hipólito Mejía, no han sido tocados por el Poder Ejecutivo.

Por peor que sea la memoria, un mal del cree se adolece la sociedad, no se puede olvidar el incidente que matizó la reintegración de oficiales, pues fue una de las razones, al menos que se sepa, por las cuales Hipólito acusó de traidor y de haberse vendido al presidente Leonel Fernández al mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez. Como muestra de la falta de institucionalidad el presidente del Partido V República admitió que sirvió de enlace en el proceso.

No ha de extrañar que después de la protesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Jorge Subero Isa, se deje sin efecto el retiro, por las mismas razones, del jefe y la subjefe de seguridad del Poder Judicial, general Angel Rosario Terrero y coronela Sheila de los Santos. Pues antes que por aplicación de alguna ley, Subero presume que se trató de retaliación por sus fuertes críticas contra el narcotráfico y la corrupción. Y es, como evidencian los hechos, que la invocación de la ley resulta una ironía hiriente, de mal gusto.

Pero los militares, con ese temor shakesperiano que ha mermado su dignidad y autoridad, tornándolos en lugar de obedientes en sumisos, jamás han sido capaces de exigir que se respete la institucionalidad. Y todo porque tampoco ha sido el proceso de que se han valido para alcanzar los rangos más elevados en sus respectivos cuerpos. Hoy no pueden más que ver cómo caen víctimas de las intrigas del poder. Y callar.

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