Ocurre que quien ocupó cuatro años en un puesto público, si es sustituido se cree en el derecho de permanecer en la nómina del Estado para lo cual hay que crearle un cargo ficticio, fuera de la ley, que le asegure un cheque mensual.

De seguir esa ruta, el presidente Leonel Fernández deberá asegurarse un multimillonario presupuesto para el pago de esa nómina paralela que se resiste a vivir sin un cheque del gobierno.

No se trata de una novedad en la administración pública, pues esa prostitución viene de lejos y ha sido muy criticada por sectores de la sociedad dominicana, lo lamentable es que se persista en esa práctica y de manera tan evidente.

Todo esto está muy asociado a la reiterada práctica de violar la ley, la que proviene las altas instancias del Estado, que a sabiendas de las regulaciones existentes ceden a las presiones de grupos, de partidos y grupos extra partidos, para favorecerlos con su inclusión en la nómina pública.

Si algo daña a nuestro país es la burocracia parasitaria que esa práctica ha creado, la que ha multiplicado el número de secretarios y subsecretarios de Estado, asesores presidenciales, ayudantes civiles, embajadores adscritos a la Cancillería y vicecónsules, a tal punto que ya ostentar un cargo de eso no es una distinción social, sino un cheque, pues en oficinas públicas y restaurantes se topan en la ciudad de Santo Domingo.

En los estamentos militares y policiales esa hipertrofia ha hecho metástasis, a tal punto que el propio secretario de Interior y Policía ha afirmado que existen más de 40 generales que sobran, dejando probablemente para otra ocasión revelar la cantidad de coroneles y de otros rangos menores de la oficialidad que abundan allí.

En ese contexto que haya gente en el Partido de Gobierno o de los partidos aliados rabiosos porque no lo han incluido en esa repartición es un hecho lógico, lo que no ocurriera si en las decisiones para las designaciones en cargos públicos los responsables se ciñeran estrictamente a lo que establecen las leyes dominicanas.

No debemos perder la esperanza de que algún día los dominicanos sigamos regidos por la ley, la única manera de que logremos la anhelada institucionalidad.