El Gobierno hizo saber que la matrícula del carro en que se desplazaba Paulino Castillo estaba a nombre del entonces senador Yayo Matías y que había sido promovido al rango de capitán del Ejército por el ex presidente Hipólito Mejía, sin faltar menciones y citaciones de gente a la que suponían vínculos con el prevenido.

Ahora, en Paya, Baní, han ejecutado a siete personas sin que a la fecha haya más que conjeturas sobre la matanza. La primera reacción oficial fue para establecer el estilo y, de hecho, relacionar con el narcotráfico el sangriento acontecimiento. Pero es obvio que de lo que se trata no es de una cuestión estilo, sino de atar todos los cabos para aclarar un alarmante suceso.

Había que establecer el paralelismo con el caso Quirino para auscultar algunos cabos que desde el primer momento se prestan a confusión. Por de pronto, antes de que se estableciera la identidad de las víctimas, el canciller Carlos Morales Troncoso se adelantó a decir que los extranjeros no habían entrado de manera legal a República Dominicana. ¿Cómo pudo determinarlo?

En la línea de contradicciones, resulta que los siete muertos eran colombianos y del nicaragüense que sobrevivió no se ha podido probar su identidad. Como había que hacer algo, se detuvo al arquitecto Luis Lara porque había compartido, primero en un restaurante y luego en la casa de la tragedia, con una de las víctimas. Sin embargo, hoy no se sabe si los extranjeros llenaron los trámites legales, incluyendo el pago de impuestos, sobre la propiedad que adquirieron ni tampoco cómo entraron al territorio.

Los cabos sueltos forman una cadena. ¿Cómo pudo determinarse que los colombianos habían sido ejecutados para un "tumbe" de 1,200 kilos de cocaína con que supuestamente cargaron los victimarios? Si lo dijeron los sobrevivientes, hay más razones para sospechar que algo huele mal.

Y más cuando el crimen como tal ha quedado relegado después de la denuncia del senador peledeísta Wilton Guerrero, quien vinculó a oficiales de la Policía, fiscales y ex fiscales de Peravia con el narcotráfico. Se especula que la presencia de fiscales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que investigan el lavado que se atribuye a los hermanos Benítez pudo incidir en la matanza. Al tener más de un mes en Paya sin llamar la atención pudo temerse que fueran ubicados, y antes de que los capturaran, se les eliminó.

Por el auge del narcotráfico, nadie duda de los vínculos con esa operación de la matanza. Pero el temor es de que, lo mismo que el caso Quirino y otros escándalos que han conmovido a la sociedad, se convertirá en otro capítulo de la saga de crímenes que se deja al olvido. A menos que que exista voluntad como para pedir auxilio internacional, que puede ser del FBI o Scotland Yard.

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