Numeras han sido las exigencias de ese sector. Ahora, la estrategia es presionar al Gobierno para que permita a sus afiliados vender gas licuado de petróleo (GLP) en las estaciones, bajo el alegato de que ese sector está al borde de la quiebra.

Desde que tengo uso de razón, he escuchado el argumento de que los miembros de esa institución no tienen rentabilidad en esos negocios. Si es así, ¿por qué no los cierran? Nunca he escuchado decir (y jamás lo escucharé) que obtuvieron ganancias, no obstante los privilegios que han estado recibiendo de manera reiterada en sus años de existencia.

Los directivos de Anadegas aseguran que ese sector no soporta los problemas que ha generado el alza del petróleo a nivel internacional, debido a que ha provocado que miles de vehículos hayan adaptado un sistema de gas, y que por ese motivo hay que autorizarles instalar estaciones de expendios de gas. Independientemente del derecho que le asiste a ese sector de ejercer el libre comercio, dentro del principio constitucional de la libre empresa, creo que ese reclamo está fuera de contexto.

El país no puede darse el lujo de convertirse en una bomba de tiempo. Hace unos años, técnicos especializados en el tema advirtieron al Gobierno sobre el peligro que acarrean los ciudadanos con la cantidad de vehículos públicos y privados que transitan por las calles con un sistema de GLP instalado, además del recipiente para la gasolina. La denuncia se hizo, y todo ha transcurrido sin pena ni gloria.

Los técnicos observaron esa vez que una gran parte de las estaciones de expendios de gasolina está ubicada en zonas habitadas por mucho público, lo que constituye un peligro para la población. Al parecer, los propietarios de esos negocios son personas con influencias políticas y poder de alto nivel, a juzgar por la facilidad cómo obtienen permisos para operar, a pesar de la resistencia de los grupos comunitarios o juntas de vecinos.

La moda del momento es vender GLP como si se tratase de agua potable o productos de mercados. La justificación para el ejercicio de ese negocio es que los altos precios del petróleo han llevado a los propietarios de vehículos (incluyendo los de las jeepetas) a buscar fórmulas alternas para enfrentar los elevados precios de los carburantes.

Expender gas licuado se ha convertido en un negocio lucrativo. Por eso, los propietarios de las estaciones de expendios de gasolina reclaman su participación en ese formidable negocio. Imagínese usted, gas y gasolina en un mismo lugar, ¿qué podría ocurrir? La respuesta es sencilla: un desastre ecológico.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas rechaza el pedido para que se permita la venta de GLP en las gasolineras, por considerar que sería un peligro para la población. Es un conflicto de intereses de alta dimensión en el que están involucrados sectores de ciertos niveles económicos y sociales.

Lo peor del caso es que al momento de poner en marcha esas iniciativas, no toman nunca en cuenta al pueblo, que es, a fin de cuenta, quien sufre las consecuencias de la ambición de esos sectores, cuyos reclamos han sido consentidos en la mayoría de las veces por los gobernantes de turno.

El gobierno no debe acceder a esas presiones. Debe ser muy cauto en la expedición de más permisos para operar esos negocios, sin importar el costo político. Los intereses del pueblo deben estar por encima de los particulares. Hay que combatir la cultura del chantaje y reducirla a su mínima expresión, asumiendo posturas firmes. Por Dios, no más bombas de tiempo en las calles; con las que tenemos son suficientes.