En una rueda de prensa en la que anunció su decisión de recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para demostrar su inocencia, el economista y consultor empresarial afirmó que el 17 de abril del 2008, cuando el tribunal colegiado se disponía e leer el fallo sobre el Caso Baninter a las tres de la tarde, se suspendió abruptamente la sesión para modificar ilegalmente la decisión que, de acuerdo a su conocimiento, incorporaba los elementos justificatorios del descargo a su favor.

Álvarez Renta esta condenado a diez anos de cárcel al ser encontrado culpable en el multimillonario defalco del Intercontinental (Baninter). La sentencia será ejecutada a partir de este miércoles. Junto a el deberá ir a prisión Ramón Báez Figueroa, Marco Báez Cocco y Vivian Lubrano de Castillo, quien esta recluida en un centro medico del Distrito Nacional.

“Tal como sucedió con la sentencia evacuada por el Primer Tribunal Colegiado, esta vez, la Tercera Sala de la Corte de Apelación Penal, respondiendo a presiones externas de altas instancias del poder, obvió los hechos que de acuerdo a la ley fueron conocidos en el proceso de apelación por los jueces de la referida cámara, y modificó la sentencia original preparada para el caso que, a nuestro conocimiento, incorporaba los elementos justificatorios del descargo de Luis Alvarez Renta o el envío a un nuevo juicio”, expresó.

Al definirse como víctima de una larga cadena de abusos y atropellos, Alvarez Renta recordó que fue originalmente favorecido por un “no ha lugar” que lo exoneraba totalmente de las acusaciones relacionadas con la quiebra de Baninter.

Agregó que ese fallo “fue perversamente anulado mediante decisiones posteriores, las cuales se distinguieron por ser totalmente absurdas y contradictorias al ser producto de cambios de ultima hora decididos para evitar el descargo que me correspondía, para condenarme arbitrariamente por la vía de las presiones indebidas y del tráfico de influencias ejercidos dentro del mismo aparato judicial”.

Al referirse al supuesto cambio de sentencia ocurrido en la Sala Penal de la Corte de Apelación, el economista dijo que los eventos fueron observados por todos los presentes.

“A las tres de la tarde, cuando estaba a punto de iniciarse la lectura de la sentencia con la presencia de los secretarios y el personal de apoyo, todos fueron aparatosamente retirados. Posteriormente, hacia las siete de la noche se intentó de nuevo leer la sentencia , lo cual no ocurrió hasta casi las nueve de la noche, tras notorios y evidentes aprestos dirigidos a elaborar e imprimir una nueva sentencia, la cual fue finalmente dictada por el tribunal”, indicó en su declaración.

Alvarez Renta relacionó la supuesta intervención con el rumor público de que se habría producido un presunto acto de corrupción para favorecer a un imputado, pero señaló que en caso de que ese hecho fuera cierto “lo lógico hubiera sido suspender el juez responsable y someter la sentencia a un nuevo análisis, pulcro y transparente, en vez de tratar de corregir un entuerto con otra sentencia también amañada”.

En su comunicación de denuncia a la Suprema Corte de Justicia, Alvarez Renta expone que la situación debe ser aclarada no solo para proteger la dignidad y reputación de los tres jueces actuantes, sino también de los imputados y consolidar la probidad de la justicia dominicana.

Apunta en el mismo documento que tanto en la primera instancia como en la fase de apelación, era apreciable la determinación de los jueces de descargar a Luis Alvarez Renta, tomando en cuenta los medios de pruebas presentados en los tribunales que demostraban que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que provocaron la quiebra del Banco Intercontinental.

Y agregó que “los magistrados que directamente han actuado en este caso, Antonio Otilio Sánchez, Pilar Rufino Díaz, Esmirna Gisselle Méndez, Ignacio Camacho, Nancy Joaquín, Wendy Martínez, así como los miembros de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que bendijeron todas estas atrocidades, todos ellos saben realmente lo que ha sucedido, lo oprobioso de estas sentencias. Ellos no pueden alegar ignorancia, y aunque hayan sido protegidos en sus desafueros por los estamentos judiciales, tendrán que rendir cuentas ante Dios, ante sus respectivas conciencias, ante sus hijos y, eventualmente, ante sus colegas y la nación. A todos ellos, que Dios los ampare, será él quien los juzgará, no nosotros. Porque, la verdad siempre resplandece al final”, subraya Alvarez Renta en su declaración.

Alvarez Renta entiende que nunca tuvo la oportunidad de que la Justicia Dominicana lo juzgara libre e independiente, de acuerdo a las pruebas y los hechos. Particularmente criticó la decisión de la Cámara Penal que declaró inadmisible los recursos de casación, “le cogieron miedo a analizar los entuertos procreados por ellos mismos, pública y contradictoriamente”.

“He sido condenado a prisión siendo inocente pero me internaré con mi dignidad intacta, y seguiré mi lucha, a la larga la verdad será conocida por todos y seré exonerado. Mientras tanto, la cárcel no es mas que una nueva etapa de mi vida, una etapa triste por la separación de mis seres queridos, pero también es una oportunidad, será un tiempo de reflexión, me permitirá terminar de escribir mis libros, y podré ayudar a los otros presos donde quiera que se me envié y hacer una labor social. Aprovecharé esta oportunidad para hacer el bien, como ha sido siempre el norte de mi vida. Serviré la pena injusta bajo protesta salvaguardando mi dignidad, sin la cual nunca podría vivir tranquilamente. Acepto mi destino con mi conciencia tranquila ante mis hijos y mi familia y, sobre todo, ante Dios, quien es el juez final de todos nosotros”, expresa Alvarez Renta.

LA CONDENA

Para los responsables del defalco, Báez Figueroa, Báez Cocco y Alvarez Renta ,se establecieron multas ascendentes a 100 salarios mínimos. En el caso de Vivian Lubrano de Castillo la multa fue establecida en 1.5 millones de pesos a favor del Estado Dominicano.

En cuanto al aspecto civil Báez Figueroa, Báez Cocco y Lubrano de Castillo fueron condenados a pagar de manera solidaria como indemnización a favor del la Superintendencia de Bancos y Baninter en liquidación unos 18 mil 793 millones de pesos.

También se ordenó la liquidación por Estado de los bienes reclamados por el Banco Central en poder de los condenados como pago de daños y perjuicios.

El desfalco llevado a cabo en esta entidad financiera, dado a conocer por el gobierno en una rueda de prensa la noche del 13 de mayo de ese año, se estima en más 74 mil millones de pesos.

En el juicio de primer grado Báez y Alvarez Renta fueron condenados a 10 años de prisión, mientras que se estableció una pena de 8 años a Báez Cocco. Lubrano de Castillo fue absuelta en esa ocasión. Este primer juicio, que comenzó en abril del 2006, se extendió por un año y seis meses.