La amenaza de repatriación masiva pende sobre sus espaldas, pese a que todavía no logran establecerse legalmente, lo que les conlleva a vivir de manera clandestina, sin futuro ni perspectivas de mejorar la calidad de vida.

La denominada “Directiva de retorno”, el nuevo organismo presidido por el jefe de Estado francés Nicolas Sarkosy y que se encargará de ejecutar la expulsión de los inmigrantes en los 27 estados que conforman la Unión Europea, tiene por misión controlar la entrada de trabajadores provenientes de varios países. Aunque se afirma que las medidas anunciadas no atentarán contra las libertades individuales, los opositores a esa directiva sostienen que las repatriaciones dan un aspecto de carta blanca a la vulneración de los derechos humanos de los inmigrantes ilegales.

La decisión ya está tomada. Es cuestión de meses para su puesta en ejecución. Lo que se está debatiendo ahora es el mecanismo que se empleará en la detención y posterior expulsión de los ilegales. Se consigna que el tiempo que los inmigrantes ilegales pudieran estar detenidos en centros especiales, previo a su repatriación, puede ser desde 32 días a 20 meses, dependiendo del país donde se encuentren. En el caso de España, país que en los últimos años ha acogido a miles de inmigrantes, sobre todo dominicanos, el plazo es de 40 días. Los embajadores de los países europeos fijaron un período de detención máximo de seis meses, aunque puede ser ampliado a dieciocho.

El asunto es que la medida es muy severa e inhumana, si apreciamos que la nueva directiva también establece que los inmigrantes no tengan la oportunidad de retornar a Europa durante cinco años. Y si éstos constituyen una amenaza para un estado miembro, las penalidades serán más drásticas.

Obviamente, ese acuerdo aún no es definitivo. Falta que las tres instituciones decisorias que constituyen la Unión Europea (que son el Consejo, la Comisión y el Parlamento) den su opinión definitiva para su aplicación. Sin embargo, el primer paso está dado y se calcula que de acordarse todos los trámites legales, la entrada en vigencia del nuevo reglamento será en el año 2010, o sea, dentro de dos años.

La cacería de brujas ha comenzado en Europa. De Estados Unidos, ni hablar. Hace tiempo que las autoridades estadounidenses decidieron deshacerse de miles de inmigrantes ilegales y legales involucrados en actividades delictivas. La situación está dura para los inmigrantes legales e ilegales en Estados Unidos.

Se atribuye a los inmigrantes el acentuado desempleo que impera en determinados países europeos, donde también la desaceleración económica ha provocado mucho desempleo. Está la creencia de que la mejor medicina para curar el mal es repatriando a los inmigrantes ilegales. Esas medidas afectan a muchos países que en parte disfrutan de una estabilidad económica gracias a las remesas que envían los inmigrantes a sus familiares.

Llama mucho la atención el que los estados miembros de la UE estén en desacuerdo sobre aspectos coyunturales y de interés humano como es darles asistencia jurídica a los inmigrantes ilegales que resulten detenidos durante las redadas. Es una evidencia irrefutable de que hoy los ilegales apestan en la otrora humanitaria y receptiva Unión Europea. No es tarea fácil vivir en condición de ilegal en un país que no es el suyo.

De los países que conforman la UE, de momento, España es el que más sensibilidad social ha demostrado con los inmigrantes legales, al extremo de facilitarles la entrada mediante contratos de trabajo, lo que no quiere decir que ese gobierno no sea celoso con su política migratoria. Allí, los ilegales también tienen problema. Sin embargo, el presidente francés Nicolas Sarkosy dice que España ya no es el paraíso de antes. Y tiene razón, pues hay muchos problemas, la comida está cara y mucho desempleo. Si bien es cierto que ese país pudiera necesitar médicos o enfermeras, trabajadoras domésticas, cocineros, y otras especialidades, no menos cierto es el hecho de que, a igual que los otros países miembros de la UE, las autoridades españolas están endureciendo las barreras de entrada contra los inmigrantes.

La mayoría de los inmigrantes que logran legalizarse en Europa gestionan la entrada de algún pariente, amparándose en el principio jurídico de la reagrupación familiar. Para eso gestionan un contrato de trabajo que siempre tienen resultados positivos. Y no se lleven a engaño, esta parte de las leyes migratorias también será endurecida como una forma de propiciar el retorno voluntario del inmigrante ilegal. El mejor consejo para un aspirante a entrar a Europa es que gestione un contrato de trabajo.

De repente se aprecia como que ya no nos quieren en ninguna parte. Nos aceptan, nos toleran, por conveniencia y circunstancias para trabajar en áreas que el ciudadano común de esos países las rechaza por inhumanas y mal remuneradas, o por las razones que sean. Nos sacan el jugo explotándonos al máximo por salarios de hambre; nos desprecian por el origen y hasta nos enrostran el hecho de proceder de un país bananero, como burlonamente suelen llamarnos.

Naturalmente, cada Estado está en el derecho de defender su soberanía y expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Lo que no se puede tolerar son los maltratos y abusos contra aquellos que están legales. Estamos en presencia de un colonialismo moderno, perverso, inhumano y mal agradecido.

Independientemente del derecho que tienen de decidir quienes deben estar en su s territorios, lo que está tramando la UE es un crimen y un atentado contra los derechos humanos e individuales de los desesperados inmigrantes que salen de sus respectivos países en busca de una mejor vida, huyéndole a la pobreza que precisamente han fomentado los países ricos en las naciones subdesarrollados con financiamientos leoninos, ventajosos y abusivos.

Lo peor de todo es que, aún así, con maltratos y desprecios, insistimos en mendigar una jodida residencia.