La destitución pura y simple de un juez (el resto renunció antes de que concluyera el show de mal gusto) es una muestra de la tomadura de pelo a todos.

Al terminar el “juicio político”, resulta que nadie es culpable de nada; que el presidente de la Cámara de Cuentas fue destituido simplemente por su falta de liderazgo y carácter, pero que es un hombre bueno, al igual que los demás que los otros, responsables solo de querer mejores condiciones de vida y de trabajo. Simplemente faltaron a la ética y a las buenas costumbres, pero no hay razones para ser sometidos a la justicia.

¿Si no cometieron ningún delito, si no hay razones para un sometimiento por corrupción o prevariación, por qué el juicio político, por qué quitarlos de sus cargos y condenarlos moralmente por el resto de sus vidas? Cancelar a un funcionario porque supuestamente no tiene carácter no está contemplado en ninguna ley del mundo.

No hubo ningún juicio (y político menos). Lo que hubo fue un espectáculo deprimente que sirvió para dejar en claro el relajo existente en todas las instituciones del Estado, incluyendo a todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.

(¿Acaso no son más inmorales los aumentos sueldos, el barrilito que es un barril por donde se escapan públicamente cientos de millones de pesos; el pago por asistir a las secciones, entre otros muchos privilegios de los legisladores? ¿Quién los sanciona a ellos?)

El gobierno necesitaba un circo. Y los señores de la Cámara de Cuentas hicieron el triste papel de payasos, pero sin hacer reír a nadie.

¿Acaso no fue éste gobierno quien dejó sin efecto el caso PEME, uno de los mayores escándalos de corrupción que involucró más de mil 500 millones de pesos? ¿No fue éste gobierno quien se desinteresó de la acusación contra un “colaborador” del presidente de la República involucrado en el caso del gas licuado de petróleo porque necesita estar “limpio” a la hora de ocupar sus nuevas funciones a partir del 16 de agosto próximo? ¿No ha sido en este gobierno que todo el que ha querido aumentarse el salario, lo ha hecho sin que nadie se oponga, como en el Banco Nacional de la Vivienda cuyo director se puso 500 mil mensuales, una pensión de por vida que seria traspasada en caso de un deceso hasta sus descendientes por los siglos de los siglos? ¿Cuándo será el juicio político a los involucrados en el caso de la Sun Land que la Suprema Corte de Justicia se niega a conocer para proteger a los implicados que van, desde el presidente de la República hasta muchos de sus allegados más cercanos?

Participación Ciudadana publicó un informe sobre los casos de corrupción de los últimos 20 años. En más de un 98 por ciento no se ha producido una sentencia que adquiera el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.

Cuando era candidato a la presidencia de la República el doctor Leonel Fernández aseguró que la corrupción le costaba al país más de 30 mil millones de pesos al año. Ahora, según estiman organizaciones que luchan contra la corrupción, esa práctica se lleva todos los años 50 mil millones de pesos. Significa que el actual gobierno ha roto todos los récords en materia de corrupción pública, por lo cual Institucionalidad y justicia junto a Participación Ciudadana deben otorgarle una medalla de oro.

Los casos de corrupción han estado a la orden del día. Un escándalo sustituye al otro. No hay acusación ni sometimiento a la justicia. Pero no pasa nada. A muy pocos parece preocuparle. El poder mediático del gobierno es tan inmenso como el mar.

La “nominilla” (pago sin trabajar en ninguna institución del Estado a los simpatizantes del gobierno durante la campaña electoral con los recursos públicos debió ser motivo de un juicio político y posteriormente de un juicio penal. La Constitución de la República en su artículo 102 lo castiga.

La compra pública de la reelección, gastando el dinero que ahora falta para enfrentar la crisis económica, debió, por igual, causar una repulsa pública. El Estado fue un factor determinante en las elecciones, lo dijeron los observadores nacionales e internacionales sin que nadie fuera sometido a un juicio político ni penal. El Congreso del Progreso ni se dio por enterado. Y mucho menos el Ministerio Público, la iglesia ni muchos medios.

Someter a juicio político a los pobres hombres de la Cámara de Cuentas fue un abuso, una desconsideración imperdonable. Si comparamos las acciones de esos señores con lo que han hecho los demás, tenemos que concluir en que no había motivos para el juicio. .

A los miembros de la Cámara de Cuentas los llevo colgados del alma, los pobrecitos, tan buenos, tan bondadosos, tan chéveres. Los usaron de conejillos de indias para el marketing político del gobierno. Ellos no fueron más que marionetas movidos por los hilos del Palacio Nacional.

Ahora nos pasaremos meses discutiendo quienes deben integrar la nueva Cámara de Cuentas. Desde ya hay aspirantes por miles, incluyendo algunos que se encuentran en la oposición, señoras y señores que aspiran a todos los cargos porque están inscritos, no en una oficialía civil, sino en el presupuesto nacional.

Pero la potestad es, por ley, es del presidente, quien escogerá y presentará una terna para cada caso, si serán cinco, 15, si continúan nueve, 27. El jefe de Estado tiene su propio criterio para la selección. Ya lo demostró con la anterior Cámara donde estaban amigos, familiares y relacionados.