El jueves 12 de junio del año 2008, el general Ramírez Ferreira convocó a los medios de comunicación para dar a conocer la decisión de la DNCD de someter a la justicia a supuestos poderosos personajes dominicanos vinculados al tráfico de drogas. La noticia del alto oficial, difundida con gran despliegue por la prensa nacional e internacional, provocó un enorme revuelo en el país, creando una extensa ola de rumores y especulaciones sobre las implicaciones del anuncio.

Durante el encuentro con los periodistas, el general Ramírez Ferreira dejó abierta la posibilidad de formalizar los expedientes judiciales del caso en no más de una semana y prometió que la opinión pública sabría muchos detalles sobre el tema.

Lo cierto es que han transcurrido más de tres semanas desde el espectacular anuncio del general y aún no se sabe nada sobre el grueso expediente que estaba supuesto a conocerse en detalles a más tardar en una semana.

Aunque el tema ha sido extrañamente excluido de la agenda pública, con la aparente condescendencia de la prensa, el manto de silencio que lo envuelve ha dado lugar a muchas conjeturas sobre la naturaleza de la denuncia.

¿Cuál fue la verdadera motivación del anuncio?

¿Se prestó el general Ramírez Ferreira, por razones de disciplina, a protagonizar una estrategia de distracción mediática para sacar determinados temas de la agenda pública?

¿Fue realmente cierto el caso anunciado pero alguna instancia superior habría intervenido para congelar el expediente?

¿Se habría utilizado la denuncia como recurso de presión a políticos y militares efectivamente vinculados al narcotráfico para que se plegaran a intereses o exigencias de determinados grupos de poder?

¿Los personajes envueltos en el caso resultarían tan poderosos e influyentes como para obligar a las autoridades de la Dirección de Control de Drogas a desmentirse implícitamente y diluir el expediente como si se hubiera tratado de un lamentable error?

¿Se habrían puesto de acuerdo los sectores interesados con la gran prensa del país para dejar en suspenso el seguimiento público del tema y evitar someter al general Ramírez Ferreira a la penosa disyuntiva de admitir que se equivocó o que recibió órdenes superiores para “tumbar el caso”, o que se prestó conscientemente a una maniobra de distracción pública inducidas por instancias superiores?

O debería la opinión pública nacional esperar pacientemente que el expediente prometido por el general Ramírez Ferreira sea debidamente documentado para su instrumentación judicial… hasta cuando?

Hasta ahora todas las preguntas quedan sin respuestas.

Como ayuda memoria me permito reproducir una versión de prensa sobre el anuncio hecho por el director de la DNCD, tal como la reseñó el periódico El Caribe en su edición del pasado 13 de junio:

“El presidente de la DNCD anunció que próximamente revelará importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero que involucran a políticos y militares, “probablemente superiores” al del extraditado Quirino Paulino Castillo.

El mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira dijo que “a esos casos, que son contundentes, se les dan los toques finales para enviarlos a la Justicia”.

El titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dejó abierta la posibilidad de que el envío a la Justicia de esos casos pueda materializarse la semana entrante, “de modo que la opinión pública sabrá con muchos detalles de qué se trata”.

Aunque no quiso adelantar datos, el jefe de la agencia antidrogas insistió en que “algunos podrían superar el caso Quirino, sobre todo, en lo referente a dinero”.

Ramírez Ferreira ofreció la información antes del acto de incineración de cerca de dos toneladas de cocaína, 101 kilos de marihuana, 23 de heroína y 10 de opio en las instalaciones de la Primera Brigada del Ejército, situada en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte.

“La DNCD trabaja intensamente en casos muy importantes. Todos están en la fase final y muy pronto el país sabrá de qué estoy hablando”, dijo Ramírez Ferreira.

Aseguró que todos los implicados en estos casos “se la tendrán que ver con la Justicia”, tanto en el país como en el extranjero, y señaló que están “trabajando y pronto se conocerá todo”.

Indicó que en la Justicia y el Ministerio Público “hay muchos niveles de complicidad con el narcotráfico, en contubernio con abogados que se dedican exclusivamente a defender a capos de la droga”.

Fustigó a fiscales adjuntos del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo y Santiago, que no identificó, a quienes acusó de actuar con lenidad contra los narcotraficantes, actitud que, según dijo, han asumido algunos jueces. Los llamó a copiar el ejemplo de sus superiores, comenzando por el procurador Radhamés Jiménez Peña.

Indicó que esos fiscales adjuntos deben actuar como el procurador general, los fiscales del Distrito, Santo Domingo y el de Santiago.

Ramírez Ferreira manifestó que la lucha contra las drogas es cada vez más sangrienta, debido a la composición de muchas estructuras, tanto de la Justicia como de la sociedad en sí, de lo que no escapan periodistas, en contubernio con abogados, para convertirse en defensores del narcotráfico”.

7 de julio, 2008