Y es que tratándose de una comedia la ironía no podía faltar. Porque si el fiscal José Manuel Hernández Peguero y el licenciado Octavio Líster hubieran tenido interés en perseguir y no politizar irregularidades hace tiempo habrían actuado contra otros escándalos. Pero, como había que hacer un aguaje para embaucar más a la opinión pública, pusieron su nota al espectáculo.

Por lo que ha salido a relucir, cierto es que hay mucha tela por donde cortar: nepotismo, dilapidaciones de recursos, incompetencia; en fin, irregularidades al por mayor y detalle que retratan a jueces que no fueron escogidos por méritos profesionales ni trayectoria, sino por clientelismo. Esa fue una de las razones por las cuales desde que llegaron lo primero que hicieron fue mejorarse los sueldos y sortear cargos para familiares y relacionados, sin pensar en concursos ni siquiera para guardar las apariencias.

Como la soga suele romperse por lo más delgado, el Congreso no desperdició la oportunidad para reivindicarse con el juicio a los magistrados. Sin embargo, la realidad ha delatado el espectáculo. De no ser así, hace tiempo que los congresistas se hubieran interesado en investigar violaciones más escandalosas, inclusive hasta de la propia Constitución.

Ocho de los nueve jueces que no resistieron el vendaval ni el descrédito optaron por renunciar y el que no lo hizo fue destituido. El primero en tomar la decisión fue Juan Adalberto Lora Ruiz, una persona conforme a los interrogatorios aparentemente sensata, al margen de la rebatiña que desafortunadamente manchó a otros de limpia trayectoria. Henry Mejía y Andrés Terrero, por ejemplo.

Pero la suerte de todos modos estaba marcada. El Senado se vanaglorió de un ejemplo del cual, en la práctica, no puede evadir su cuota de responsabilidad. Como sello gomígrafo del Ejecutivo no se tomó siquiera la molestia en examinar las condiciones de los propuestos para ocupar funciones dignas de mejor suerte.

De haber dispuesto una investigación para determinar si hubo dolo, otra cosa hubiera sido. Pero el cuerpo legislativo evidenció sus intenciones al declarar que quienes renunciaban quedaban exentos del escarnio. Esa advertencia hizo pensar que el interés podían ser los puestos para cumplir compromisos políticos.

Defenestrados los jueces de la Cámara de Cuentas se abre un compás de espera. Para guardar las apariencias el Senado se tomará su tiempo y repetirá el mismo proceso que con los jueces de la Junta Central Electoral (JCE). Pura comedia.

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