Sabemos que hasta ahora no existen estudios formales sobre la problemática de nuestras cárceles, ni mucho menos en el campo de la ejecución penal, que apenas empieza, pero no tiene que ser así; por esta y otras razones es que el sistema nos revela su verdadero interior. Y, por todo esto, es por lo que está justificado escribir un breve ensayo sobre el problema penitenciario dominicano.

Muchos conceptos deben ser cambiados.

Es impropio decir sistema penitenciario, más conveniente es decir, Administración o quizás órganos de la Administración penitenciaria. Estamos frente a un movimiento esencialmente criminológico, al servicio de los modelos penitenciarios seculares en el que, sin lugar a dudas, nuestro sistema está por descubrirse, aunque la metodología que estamos implementando nos aleja de ir a lo básico del problema: el personal penitenciario y el tratamiento. Uno no puede existir sin el otro, y no es posible el segundo si no es través del personal especializado.

Este “personal especializado” del que hablan hoy sus autoridades ha confundido a muchos. En la inmensa virtud del servidor penitenciario, que se entrega a los reclusos con dulce sentimiento; habrá, pues, dos clases de visitadores: «unos que irán en nombre de la ciencia (criminología penitenciaria), otros en nombre de la caridad (patronatos de reclusos); los primeros con el objeto de estudiar al delincuente; los otros se propondrán consolar al hombre, enseñarle mientras esté preso y ampararle cuando salga».

Aunque era éste el centro de gravedad de los sistemas penitenciarios de décadas atrás, los actuales administradores (¡vaya si son funcionarios!) han dejado de ser los dignos hombres que quieren dirigir nuestras prisiones con un objeto plausible. Dos palabras pueden servir para definir el personal penitenciario de un establecimiento penal: ética y mística.

Hace unos años, Elías Neuman, argentino, ejemplo de criminólogo y penitenciarista, evaluó el quehacer del sistema penitenciario latinoamericano expresando una revelación inquietante, pero pasmosamente creíble: «la corrupción carcelaria abre puertas impensadas»; por eso, «la prisión tradicional ha fracasado absolutamente y resulta antinatural». No quiso decir con ello que la prisión ha fracasado, sino el Estado; que la prisión es antinatural, sino la población de internos, que ha cargado con ese efecto, además de otros, como el de «inmorales», «residuales», entre otros. Esta realidad, abrió, pues, el debate sobre el personal penitenciario, y sobre quiénes deben dirigir el sistema, lamentablemente esto no se ha logrado todavía, en nuestro país.

Es por esto que el problema así planteado implica grandes dificultades internas, y que lo que ha erosionado a la institución por años es la evolución incorrecta de este tipo de actores, que tiene que ver con el actual personal penitenciario, siempre acompañado de la corrupción carcelaria, del abuso de poder y de otras malas influencias. En la actualidad la frivolidad y la fatuidad es lo que se observa en sus aplicadores, que se ha convertido en el rasgo más sobresaliente de la institución.

Hemos sido los primeros en señalar los grandes vicios del organismo penitenciario. Su organización actual dista mucho de ser la más conveniente: El uniforme policial, como único concepto de Dirección, y la reactivación de la Policía penitenciaria, desde la Escuela Nacional Penitenciaria, que es un organismo más bien paralelo a la Dirección General de Prisiones, cierran muchas puertas. La más importante de ellas es la ejecución penal como estrategia principal para el control judicial del proceso mismo de la prisión, que equivale a la judicialización de la pena, a través de los nuevos jueces de aplicación de la pena.

¿Para qué pretender Agentes de Vigilancia y Tratamiento civiles (así le llaman hoy a los policías penitenciarios)?, si quien dirige todo el sistema es el Poder político, usando el sistema policial. Luego, la ignonimia de una institución paralela, definiendo las directrices del problema carcelario. No nos hemos liberado aún de esta vieja actitud equivocada del poder político, que prefiere a policías, en lugar de penitenciaristas. La única explicación es que el gobierno central no está dispuesto a involucrarse lo suficiente y no va a asumir esta responsabilidad; y, en cambio, funciona para el discurso político lo de «mejorar las cárceles», y todas esas cosas que ellos dicen. Se precisa, pues, de funcionarios apócrifos, frívolos, políticos y policías, y actualmente empresarios, sin inteligencia para los fines de la institución carcelaria.

La presencia de los policías, con todo su poder, reproduce el ambiente propio de los cuarteles. Eso explica el conjunto de factores propiamente físicos de los establecimientos penales, demostrando que también las cárceles dominicanas entraron en el mercado. Todo se compra y se vende en estos tristes lugares (provisiones de comida cruda, armas de fuego, muerte por encargo, negocio de drogas, tráfico de bebidas alcohólicas, prostitución), los reclusos se ven compelido a negocios de los que también están siempre involucrados los policías y los funcionarios penitenciarios, aunque existan otros “affaires” muy cuestionados, entre empleados menores e internos. Eso explica la existencia de motines y eso ha sido una causa de sobrepoblación y de corrupción, que juntos, son los problemas frontales del mundo de intramuros.

Los sistemas penitenciarios están en crisis, y la única salida que reconocen estos malos funcionarios, además de astutos, está en encauzar reformas penitenciarias con otro lenguaje, pero la realidad es que se ignora el verdadero proceso de la prisión, y también su naturaleza. Estos funcionarios, dispuestos a revertir el infortunio carcelario, sin un programa de política criminológica, han colocado la institución de intramuros en el meridiano actual y han involucrado la ley 76-02, o código procesal penal, de la que originan los actuales jueces de la ejecución penal, para que la problemática que ellos dirigen «pueda ser captada por nuestros códigos». De continuar esta situación, muy pronto el Poder judicial tendrá que hacerse cargo del problema carcelario.

La puesta en marcha de los magistrados jueces de ejecución marca el inicio del nuevo cambio para las prisiones; se debe de producir una modificación a la ley penitenciaria, en la que van a marchar de la mano los lineamientos de la justicia procesal nueva y el reordenamiento de las estructuras y funciones penitenciarios.

En el escenario de valores que interactúan en el interior de los muros de los emplazamientos carcelarios, la pregunta más importante, consiste en decir para sí mismo, si lo que estamos haciendo con las cárceles está jurídicamente bien hecho, si está moralmente bien hecho. La respuesta tiene que ver con el gobierno y el carácter que asume en sus decisiones.

Todo depende ya de esta decisión ejecutiva, que es la que permite todos estos desvaríos, y tiene que ver con la figura de los directores de Prisiones del presente futuro, ahora con los magistrados jueces de la ejecución de la pena, a quienes corresponderá transformar una tradición carcelaria de la que todos nos hemos lamentado.

Nuestras penitenciarías no han podido regular sus actividades bajo la representación de las Naciones Unidas, las mismas que partieron de la Declaración de Principios de los Derechos Humanos; no es suficiente reconocer esta normativa y no ponerla en práctica; no es digno creer que estamos «convirtiendo a las penas de prisión como la pena de la sociedad civilizada» al invocar la reforma. La respuesta está ahora en el rol de los magistrados de la ejecución de la pena.

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