La República Dominicana cuenta con miles de tareas cultivables en estado de abandono. Muchas tierras que pudieran ser sembradas de alimentos son utilizadas para levantar obras de infraestructuras del sector privado y público o sencillamente para la crianza de animales. Ni siquiera son obras producentes.

Miles de esas tierras son acaparadas de manera abusiva por terratenientes, dirigentes políticos, jerarcas militares-policiales, y otros sectores de poder, para convertirlos en fincas para el veraneo. Lo peor del caso es que no siembran nada que pudiera alimentar a la población y mantienen esos predios sembrados de hierbas, cuando debieran sacarle más utilidad.

El alerta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre el hambre que amenaza a las naciones es un anticipo de los problemas que enfrentaremos en los próximos años. Del caso se había hablado hace años, pero los teóricos del universo no tomaron las previsiones necesarias para encarar el problema y se han pasado decenas de reuniones teorizando y archivando las recomendaciones y conclusiones. Ahora están atrapados en medio del pánico.

Del 11 al 15 de octubre del 1999 se realizó en Melbourne, Australia, un encuentro titulado “Conferencia sobre Comercio Internacional de Alimentos a partir del año 2000: decisiones basadas en criterios científicos, armonización, equivalencia y reconocimiento mutuo”. Por primera vez, se hablaba con firmeza sobre los problemas del etiquetado y la alimentación en el mundo. Además de la crisis alimentaria, el mundo pende de un hilo a causa de los alimentos mal procesados y de pésima calidad. Como se ve, estamos inmersos dentro de una trampa peligrosa que amerita de medidas enérgicas de parte de los Estados, para salir de ella.

La etiqueta alimentaria ha sido eficaz en gran medida porque se ha atenido al postulado de sustentarse en unos principios científicos bien fundamentados, establecidos y aceptados, por lo menos en las naciones ricas donde verdaderamente funciona la supervisión de los productos que van al mercado. Sin embargo, la etiqueta alimentaria es también el resultado de una transacción entre las autoridades encargadas del control de los alimentos, los fabricantes y los consumidores. Esta transacción se debe canalizar a través de un diálogo dinámico que puede modificarse según las exigencias de los grupos que participan en él. En nuestro país las cosas no funcionan así.

La citada conferencia fue una más de las tantas que organiza las Naciones Unidas a través de sus células satélites alrededor del mundo. Allí se decía que “las diferencias culturales llevan consigo una variedad de perspectivas en cuanto a qué se debe hacer en favor de los consumidores, qué se debe dejar que hagan los consumidores por sí mismos y en qué medida debe permitirse que las nuevas tecnologías de los alimentos tengan efectos sobre el suministro alimentario. El diálogo puede llegar a ser muy complejo y no siempre se desarrolla exclusivamente en el contexto de unas decisiones basadas en criterios científicos”.

Me llena de orgullo y regocijo ver la postura asumida por el presidente Leonel Fernández ante la asamblea de la FAO, en Roma, Italia, al plantear con responsabilidad la disminución del precio del petróleo y aumentar la producción agropecuaria, como primer paso para impedir una hambruna colectiva.

El mandatario dominicano dio en el blanco cuando expresó que “un componente fundamental de la crisis tiene que ver con el petróleo y buscando una solución a los altos precios caímos en los biocombustibles como alternativa y ahora resulta que éstos se han convertido en otro problema en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Todo está muy relacionado".

Otro dato nos llama a la atención. Fernández señaló que actualmente hay 55.000 millones de dólares invertidos en contratos de petróleo "y eso es lo que ha disparado los precios, haciéndoles insostenibles", y agregó que China e India, que subsidian ese precio, tendrían que añadir 200.000 millones de dólares más, lo que crearía un problema de inestabilidad.

Para garantizar alimentos a la población mundial, que en el año 2050 se estima entre 6,000 y 9,000 millones de personas, habrá que duplicar la producción de alimentos. Según el jefe del Estado dominicano, “es necesario desarrollar la investigación científica aplicada al sector agropecuario para incrementar la productividad y crear nuevas semillas. Así se llegaría a una segunda revolución verde que permita aumentar la productividad por hectáreas, por cosechas".

Y ya que se habla de la “revolución verde”, me surge la idea de sugerir utilizar los terrenos baldíos cultivables en la producción de los diversos renglones agropecuarios. Los taiwanesas, chinos y japoneses son dados a sembrar hortalizas en los techos de las casas y en los patios, dando una gran demostración de que saben aprovechar los espacios que sirven para la siembra.

Nosotros podemos imitarlos, ¿por qué no? Hay miles de hogares que tienen patios inmensos cultivables, en ciudades y campos, de manera que podríamos copiar a los asiáticos. Esa es una forma de producir, en lo que el gobierno aplica los mecanismos científicos y las nuevas tecnologías para aumentar la producción. Es cuestión de que todos trabajemos para lograrlo. La idea podría lucir descabellada para algunos, pero esa sería una solución.

El Estado se encargaría de lo demás. Es decir, asesorar a esas personas con técnicos agropecuarios; debe entregar tierras a los campesinos que no tengan para el cultivo; cultivar en los jardines de las escuelas e instituciones públicas y privadas con suficiente terreno para la productividad. Naturalmente, para eso el Presidente de la República debe emitir un decreto, si es posible, declarando de utilidad públicas las tierras cultivables en manos de terceros. Tenemos tierras suficientes para cultivarlas, independientemente de las que pudieran ser utilizadas para el programa de energía eólica que el Gobierno pondrá en marcha.