En el otro extremo, está la Administración de Justicia penal, una realidad con la que chocan muchos profesionales. A veces un nombre muy manoseamos, utilizado como una evaluación crítica al trabajo de los jueces, o al desempeño policial. Pero la verdad es que debemos entender por Administración de Justicia un conjunto de normas, instituciones, de procesos (formales e informales) que se utilizan para resolver conflictos que derivan de la vida de la colectividad, así como las personas que forman parte de ellos o intervienen en los mismos.

De acuerdo a este concepto, es imperativo ordenar sus principales componentes estructurales. No obstante, decir que la criminalistica, reúne la agrupación de ciencias o técnicas, de acuerdo a diversos géneros o especies, para investigar las pruebas, según sean sus características: La Administración de Justicia, contiene los órganos que norman todas las operaciones de estas constelación de ciencias exactas, técnicas o áreas afines, orientando a los peritos y regulando los peritajes que éstos deben de llevar acabo.

A todo lo anterior le agregamos que en lo penal, la Administración de Justicia comprende a cierto número de instituciones públicas o privadas encargadas de satisfacer sus objetivos. Dichos objetivos solo se pueden lograr mediante una normativa legal que previamente guía a la criminalistica, en el manejo de su principal categoría: la prueba (evidencias, indicios) y por medio de una colaboración judicial que es lo que justifica a las instituciones que se dedican a investigar las pruebas.

La Administración de Justicia es una función del Estado. Es por tanto, una entidad híbrida: Guarda relación con la tarea de juzgar y de administrar toda la justicia, y debido a eso es parte del Poder Judicial, que está compuesto por órganos llamados en forma genérica Tribunales de Justicia. También es parte del Ministerio Público, que es el brazo judicial del gobierno, y quien tiene la tarea de investigar los crímenes y aportar las pruebas para motivar la acusación. Pero esta Administración de Justicia es diferente a otros lugares físicos en la que también esta función jurisdiccional se lleva a cabo; y lo es, de hecho, en cuanto a las personas que sirven en ella. Si bien decimos que el Ministerio Público es la función judicial del Poder Ejecutivo, la Administración de Justicia es un concepto más amplio. El contexto procesal penal actual nos permitirá hacer la comparación y deferencia, aprovechando su exuberante evolución.

La Administración de Justicia es un servicio público. La Criminalistica debe ofrecerle al sistema de justicia toda la información necesaria de la violencia criminal (criminalidad). Su función permite analizar y divulgar a las autoridades el diagnóstico de los hechos para que tomen medidas de prevención y control que beneficien a la comunidad.

Una función común de la Criminalistica es determinar la autenticidad de las pruebas (escritos y firmas, de monedas nacionales y extranjeras, de licores, de documentos, etc., detecta estupefacientes, analiza accidentes de tránsito, armas químicas, explosivos, etc..)

La Criminalsitica se debe a los grandes principios de la investigación criminal. Estos principios se interrelacionan con la Medicina Legal, que permiten que los médicos forenses trabajen juntos a los policías investigadores de crímenes. Estos principios son muy importantes para comprender de la naturaleza de estas ciencias y el por qué de la formación y las condiciones profesionales de los peritos forenses.

No puede haber Criminalistica si no existe un órgano especializado para desarrollar los sistemas de investigación criminal que las ciencias criminales han logrado concretar. Este órgano tiene diversos nombres, tal es Cuerpo Médico-Forense, Instituto de Ciencias Forenses, Policía Técnico-Judicial, etc. No es toda la Policía Judicial, sino que ocupa una función o parte importante de ella.

En nuestro país no hemos definido al órgano de la Policía Judicial, lo que hemos hecho es crear los organismos especializados con funciones de Policía Judicial, pero no le hemos establecido el rol apropiado. En este punto, es trascendental que sepamos reconocer donde vamos a colocar este órgano que debe centralizar todas las operaciones de carácter pericial.

Termino con algunas explicaciones sobre la Sociedad Dominicana de Medicina Forense, la cual tiene que ser un órgano del Instituto Nacional de Patología Forense (INPF), ya que sabemos que éste último no es parte orgánica del INACIF.

Todo cuanto he dicho hoy en este escenario esto tiene que ver directamente con esta problemática específica de la criminalistica dentro de la Administración de Justicia.

Creemos que cualquier Sociedad de Medicina Forense es un órgano central esencialmente académico que orienta el ejercicio profesional de la medicina legal de un país determinado, en las cuestiones que presenta a la Justicia para el auxilio científico, tanto en el orden civil como en el penal. No puede, por tanto, haber contradicción entre la “comunidad forense”, que se forma en las reuniones de profesionales para proteger los intereses del ejercicio y quiénes dirigen estas instituciones. La Sociedad de Medicina Legal es el Cuerpo de más alta especialidad como órgano oficial de la comunidad de forenses y el organismo que realiza los congresos de Medicina Legal y da a conocer sus investigaciones.

Pensamientocriminologicodominicano@hotmail.com