El material informático fue incautado tras un ataque "quirúrgico" con bombas de precisión de fabricación estadounidense al campamento de "Reyes", portavoz internacional de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), abatido el 1 de marzo por fuerzas colombianas en Ecuador, a 1,9 kilómetros de la frontera.

Los computadores y demás dispositivos superaron sin daños el ataque que, según el gobierno colombiano, no violó el espacio aéreo de Ecuador, si bien el incidente provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países andinos.

Se trata de 609,6 gigabytes de datos (incluidos los archivos de sistema y de aplicación) contenidos en ocho elementos informáticos incautados: tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, que contienen 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones de correo electrónico y 10.537 archivos de sonido y vídeo.

El material incluye 983 archivos encriptados, cuyo descifrado demoró dos semanas.

Ante las dudas que generó la filtración gota a gota a la prensa de algunos contenidos, por parte del Ministerio de Defensa de Colombia, el 10 de marzo los dispositivos fueron entregados a Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), que hizo de ellos dos copias idénticas bajo el procedimiento de "imaging" (obtención de imágenes forenses de datos), cuyos valores de "hash" (o de troceo) coinciden con el original.

Una copia fue entregada a Colombia y otra permanece sellada en Interpol, con sede en la ciudad francesa de Lyon, para controles futuros.

La comisión técnica de Interpol a cargo de verificar si los archivos habían sido modificados tras la incautación, fue integrada por un coreano, un australiano y un singapurense, que no conocen el idioma español. La policía internacional remarcó que el peritaje técnico no incluyó una valoración de contenidos.

El secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald Kenneth Noble, informó este jueves a mediodía en la sede de la cancillería colombiana sobre los aspectos públicos de la investigación, al tiempo que entregó al gobierno un informe confidencial.

El informe público, disponible en Internet y entregado a la prensa, repite de distintas formas que "no se creó, modificó ni eliminó ningún dato" de los dispositivos "entre el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas y el 10 de marzo", cuando los recibió Interpol para efectuar las copias imagen.

En ese lapso, los datos fueron examinados de manera técnica por "especialistas en investigación informática forense de la Policía Nacional de Colombia", dice el reporte.

Pero se violaron los principios técnicos forenses con anterioridad, cuando "un funcionario" de una unidad antiterrorista "accedió directamente" a los dispositivos de "Reyes", "en circunstancias exigentes y marcadas por la premura del tiempo", según comunicaron "abiertamente" a Interpol autoridades colombianas.

El acceso de dicho funcionario "dejó rastros" en un total de 48.055 archivos de sistema, "cuyas marcas de tiempo indicaban que habían sido creados, abiertos, modificados o suprimidos como consecuencia del acceso directo" entre el 1 de marzo y el 3 del mismo mes.

Interpol recuerda que "el decomiso de las ocho pruebas documentales informáticas se practicó el sábado 1 de marzo entre las 5:50 y las 7:50 horas (hora en el lugar de decomiso, -5.00 horas GMT), pero estas ocho pruebas no fueron entregadas a los especialistas en informática forense de la policía judicial colombiana hasta 48 horas más tarde".

Desde el momento de la incautación y el 3 de marzo a las 11:45 horas, "el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley".

"El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas", dice el informe forense público de Interpol. (Ampliaremos). (FIN/2008)