Cuando el presidente Fernández terminó su primer período en el año 2000, entregó una administración en crisis, con la mayoría de las obras públicas paralizadas, deudas acumuladas con los productores, los contratistas y los suplidores del Estado, y sobre todo con un acentuado deterioro de su imagen política debido a numerosos escándalos de corrupción.

A pesar de haber realizado una gestión de gobierno exitosa desde el punto de vista macroeconómico, Leonel terminó su mandato marcado por los signos del fracaso y con un pobre nivel de aprobación, afectando de paso las legítimas aspiraciones presidenciales de su principal colaborador, Danilo Medina.

Era evidente que la administración de Leonel acusaba los principales síntomas del “agotamiento del poder”, un síndrome político que ha tenido una vigencia asombrosamente real entre los gobernantes democráticos de la República Dominicana. En la etapa del período democrático iniciado en el año 1978, les pasó a Don Antonio Guzmán, a Salvador Jorge Blanco, a Joaquín Balaguer , Leonel Fernández y a Hipólito Mejía.

Quizás el fenómeno no ha sido rigurosamente estudiado desde el punto de vista sociológico, pero es un hecho ampliamente demostrado que en los regímenes democráticos, las élites gobernantes afectadas por la incertidumbre de la continuidad, tienden a descuidar sus responsabilidades institucionales para concentrar sus esfuerzos en sus propios intereses, especialmente en lo que tiene que ver con la seguridad económica. No afecta a todo el mundo por igual –y tenemos ejemplos de muchos funcionarios dedicados a tiempo completo que han abandonado el poder en peores condiciones materiales que las tenían antes de comenzar- pero es indudable que esta tendencia ha venido cobrando fuerza con cada cambio de gobierno.

El agotamiento del poder afectó severamente a Don Antonio Guzmán, evaluado como el mejor presidente dominicano de la época pos Trujillo. Al final de su gobierno la administración pública revelaba serias limitaciones económicas y operativas, que amenazaba hasta el pago normal de la nómina pública los 25 de cada mes. Aunque no es necesariamente la versión oficial, Don Antonio Guzmán, abrumado, tal vez por la insatisfacción que sentía al terminar su mandato, terminó su vida con un tiro en la cabeza.

Sorprendentemente, el solo inicio de la gestión de gobierno de Salvador Jorge Blanco provocó una espectacular reactivación de la actividad económica pública y privada, y un significativo relanzamiento de las obras públicas en todo el país, a pesar de que la nueva gestión estaba afectada por los mismos factores estructurales, incluyendo el incremento de los precios del petróleo de 8 a 36 dólares el barril, y las consecuencias de la crisis de la deuda en América Latina.

Al final de su mandato, Salvador Jorge Blanco tampoco logró evadir el impacto del agotamiento, condición agravada por las dificultades políticas derivadas de los ajustes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El resto de la historia es conocido. Salvador fue acosado y perseguido y sentado en el banquillo de los acusados por supuestamente haber instruido a su secretario de las Fuerzas Armadas a tomarse un cafecito con el empresario Leonel Almonte, quien habría vendido piñas, melones y otros productos de consumo a las instituciones castrenses, una imputación que resulta risible cuando se compara con las indelicadezas y los gruesos expedientes de corrupción que han marcado la administración de Fernández, desde el manejo fuera de presupuesto y sin control contable de mil 650 millones de pesos a través del PEME, hasta el préstamo ilegal y el uso subrepticio de 130 millones de dólares contratados con la SUN LAND.

Joaquín Balaguer también terminó mal y el relevo de Leonel Fernández en el año 1996, constituyó un importante paso en el relanzamiento y modernización de la administración pública. Todos somos testigos de que Leonel significó un extraordinario aporte al desarrollo económico y al fortalecimiento de la institucionalidad.

Sin embargo, paradójicamente, el aventajado discípulo de Bosch terminó su período casi gateando, marcado por la corrupción y el derroche administrativo. Basta señalar como ejemplo, que la nómina de la Lotería Nacional, encontrada en el 1996 en un monto mensual de dos millones de pesos, fue dejada en al año 2000 en 19 millones de pesos mensuales y prácticamente sin ninguna función desde el punto de vista de sus competencias.

Por tratarse de un episodio sumamente reciente, la historia de Hipólito Mejía está al alcance de la memoria de todo el mundo. En sus primeros dos años convirtió un modelo de administración prácticamente postrado e insolvente, en una eficiente maquinaria de realizaciones sociales con un balance altamente positivo en todos los renglones de la gestión pública. Hasta la quiebra de los bancos y el desastroso intento de reelección en las peores circunstancias concebibles.

La historia tozudamente coherente ha vuelto a repetirse. Leonel Fernández, con tres veces más recursos que Hipólito Mejía, gracias al endeudamiento interno y externo y a la elevada carga fiscal impuesta a la población y a los sectores productivos, ha intentado construir un burbuja artificial de bienestar en el epílogo de su mandato. Pero la realidad es más terca que las mejores intenciones, y nos encontramos con un presidente reeleccionista acorralado por los nuevos escándalos de corrupción, por una escalada alcista a todos los niveles y por el uso desaforado de los fondos públicos para sonsacar a todo el que esté dispuesto a dar el salto y para intentar mantenerse en el poder a como dé lugar.

El segundo gobierno de Leonel está tan agotado como terminó el primero y el mismo presidente sabe que la economía del país, sujeta al actual esquema de gasto público, está conectada a un respirador artificial que no cuenta con suficiente oxígeno para sobrepasar el 16 de mayo. El modelo Leonel está agotado y no da para más. El cambio no solo es necesario, para el país es sencillamente indispensable.

12 de mayo, 2008