Desde el asesinato en 2005 del ex primer ministro Rafik Hariri, atribuido a una conspiración con participación de Siria, se ha agravado el conflicto entre el oficialismo y la oposición dominada por los partidos chiítas Amal y Hezbolá y sus milicias, apoyados por los gobiernos sirio e iraní.

Hariri pertenecía a la rama sunita, una de las dos corrientes principales de la fe musulmana junto con la chiita.

La mayoría oficialista y antisiria está compuesta por el Partido Socialista Progresista de la comunidad religiosa drusa (PSP), las Fuerzas Cristianas Libanesas (denominadas "falangistas"), el partido Kataeb, también cristiano, y el Movimiento Futuro, liderado por Saad Hariri, hijo del asesinado ex jefe de gobierno.

La tensión entre ambos bandos ha estado en aumento desde el 26 de abril, cuando el parlamentario socialista francés Karim Pakzad, quien se encontraba en Líbano para asistir a una reunión de la Internacional Socialista, fue detenido por Hezbolá e interrogado durante cuatro horas.

El líder del PSP y uno de los dirigentes más poderosos de la mayoría oficialista, Walid Joumblat, acusó a Hezbolá de instalar cámaras alrededor del aeropuerto de Beirut, que podrían ser utilizadas para asesinar o secuestrar a líderes locales o extranjeros.

Para apoyar sus dichos, Joumblat mostró a los periodistas correos electrónicos intercambiados entre el ministro de Defensa, Elias Murr, y el servicio de inteligencia del ejército, en los que se discutía el descubrimiento de las cámaras de vigilancia en la zona del aeropuerto.

La red independiente de telecomunicaciones de Hezbolá ha sido un motivo de creciente preocupación para el gobierno libanés. El partido islamista desestimó las acusaciones y advirtió que cualquier intento de interferir con esa red encontraría una dura resistencia.

Asimismo, la opositora Federación General de Sindicatos, liderada por Ghassan Ghosn, criticó el manejo gubernamental de la economía y convocó a una protesta masiva contra el alto costo de vida y en reclamo de un aumento del salario mínimo.

El gobierno anunció el martes un aumento que ubicó al salario mínimo en 333 dólares mensuales. También informó que el brigadier general Wafic Shoucair, a quien se adjudican estrechos vínculos con Hezbolá, sería desplazado de su puesto como responsable de la seguridad en el aeropuerto.

Las autoridades aseguraron que la red privada de comunicaciones de Hezbolá es ilegal e inconstitucional y que plantearía el problema ante la Liga Árabe y la comunidad internacional. El miércoles, en respuesta a la convocatoria de la central sindical, gran cantidad de hombres jóvenes se congregó en zonas muy pobladas de la capital, principalmente en áreas controladas por Amal y Hezbolá.

Muchas motocicletas, manejadas por jóvenes que vestían chaquetas militares, circularon por las calles en lo que parecía una operación coordinada. Las carreteras fueron bloqueadas con recipientes para basura y neumáticos encendidos, así como a varios automóviles.

En Mazraa, una región densamente poblada por sunitas y chiítas, se escucharon disparos. Jóvenes que se ocultaban en las esquinas intercambiaban insultos y se arrojaban piedras. La sede en Noueiri del Movimiento Futuro recibió el impacto de un cohete.

Hombres con máscaras, armados con ametralladoras, se apostaron en las intersecciones de las calles. "Vamos a desbaratar cualquier ataque preparado por los otros", dijo uno de ellos, en referencia a los manifestantes de Amal y Hezbolá.

"Estamos siendo testigos de la creación de un Estado de Hezbolá a expensas de la democracia libanesa", dijo a IPS el portavoz del PSP, Ramy Rayess. "Ha manipulado la protesta sindical para intentar un minigolpe, que podría llevar eventualmente a uno mayor", agregó.

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dijo que las decisiones del gobierno equivalen a "una declaración de guerra contra nosotros", en beneficio de Estados Unidos e Israel. Aseguró que cortaría las manos de quienes se atrevieran a tocar las armas del movimiento.

Nasrallah agregó que Shoucair debía permanecer como jefe de la seguridad del aeropuerto y que cualquier funcionario que intentara reemplazarlo sería tratado como un espía.

El gobierno, señaló, quiere convertirlo en una base militar para el Mossad (servicio secreto israelí) y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.(FIN/2008)