Una de esas razones es que ese significativo segmento de la población en modo alguno quisiera que la Justicia vuelva a operar como sello gomígrafo del Ejecutivo, sino como una instancia verdaderamente independiente. Por si su presidente lo ha olvidado, la aplicación de las leyes es de los pilares claves de sistemas políticos como el dominicano.

Aunque el licenciado Jorge Subero Isa no lo admita, recursos de inconstitucionalidad como el de la Sun Land constituyen una prueba de fuego para democracias al estilo República Dominicana. Al censurar que con más de 40 años de democracia se diga que el mantenimiento del régimen dependa de una fragilidad, como una decisión de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado quiere ignorar que el fallo sentará un precedente. Y por demás el mensaje que representará para la seguridad jurídica.

Procesos como el instrumentado contra el gobernador de Puerto Rico, Angel Acevedo Vilá, por violaciones insignificantes en comparación con el recurso de la Sun Land sólo deben servir de ejemplo sobre el papel de la Justicia, que en la práctica aquí dista mucho de ser ciega e igual para todos. Pero como no preocuparse si por aquí el Ejecutivo se ha permitido hasta violar la ley, sin mayores reacciones, en desmedro del propio Poder Judicial.

El contraste con la actitud asumida en el 2000 a raíz del recurso de inconstitucionalidad contra la designación del licenciado Mariano Germán en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones potencia los temores con relación al caso Sun Land. La instancia fue sometida el 3 de julio, y el 9 de agosto había sido fallada, en tiempo récord para un sistema que no se caracterizaba por su agilidad.

En su vano intento por justificar la demora, Subero Isa ha incurrido en contradicciones incriminatorias. Después de vanagloriarse con el señalamiento de que el tribunal no tenía más que uno que otro casos pendientes, ahora afirma que tiene más de 150, incluyendo el recurso contra el Concordato, con más de dos años. Si justicia demorada es justicia denegada ¿acaso esa tardanza, admitida, no se trata de denegación de justicia? Toda la preocupación es por temor a que la Justicia sea nada más que para guardar las apariencias y que en la práctica sólo opere para conocer delitos cometidos por personas sin nombres ni apellidos.

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