El jefe del Estado no pudo ocultar su admiración por el sorprendente desarrollo tecnológico mostrado por una empresa nacional prácticamente desconocida y declaró su interés de apoyar su expansión para que pudiera construir tanqueros petroleros a fin de abaratar el transporte de los combustibles importados por el país.

En correspondencia con esa actitud, el presidente Fernández procedió a emitir el decreto 450-06, del tres de octubre del año 2006 que autorizaba al Ayuntamiento de Baní, provincia Peravia, a vender a la compañía Ciramar Internacional Trading Co. LTD, representada por Luis Contreras Brea, una porción de terreno dentro de la parcela catastral No. 977, del Distrito Catastral No. 5, del municipio de Baní, y con un área de 35,745.00 metros cuadrados.

Con el mismo propósito enunciado por el presidente Fernández, el Ayuntamiento de Baní también dispuso el arrendamiento de una franja adicional de terrenos. Las dos áreas envueltas en las transacciones están ubicadas en la periferia de las Dunas de Baní, pero junto al mar y detrás de la carretera que bordea esa zona protegida.

La reconocida ambientalista, Amparo Chantada, la más firme y consecuente defensora de las dunas de Baní, no objetó ninguna de las medidas, consciente de que estas no afectaban en nada la integridad de ese patrimonio ecológico. Ella misma lo explicó en un artículo publicado en los periódicos Hoy y 7 Días.Com. Según Amparo, “la parte comprendida en los alrededores de la base naval está hoy estabilizada, y ya no se pueden considerar dunas. Son formaciones residuales, con “salados” que se llenan a pleamar y se vacían, dejando aparecer la sal, cuando el mar se retira.

La doctora Chantada fue aún más precisa en la valoración del tema, tal como lo expresa en el siguiente párrafo de su artículo: “… a propósito de las transacciones realizadas por el actual ayuntamiento de Baní, nos parece que los terrenos que rodean la base naval no presentan ningún interés científico, ni paisajístico; más bien son terrenos estratégicos para la base naval. No queremos, con esto justificar la venta o el arrendamiento de los terrenos a la empresa Ciramar pero es evidente que la política partidista de la peor inspiración, está de nuevo jugando con los principios elementales de la inteligencia y de nuevo alrededor de la cuestión ambiental y de las áreas protegidas”.

Hay que destacar que en su momento ni el decreto del presidente Fernández ni la resolución del Ayuntamiento banilejo fueron impugnados públicamente. Sin embargo, con el fragor de la campaña electoral el tema se convirtió en un sonado escándalo, impulsado por la reconocida rivalidad política existente entre el senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero -quien llevó la voz cantante en la denuncia- y el síndico de Baní, Nelson Camilo Landestoy.

El interés politico terminó finalmente anulando la racionalidad de dos iniciativas promovidas por dos instancias del Estado para impulsar un gran proyecto de desarrollo industrial, tecnológico y económico para la provincia Peravia y el país.

La Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya ha solicitado juicio preliminar en contra del síndico de Baní, el presidente de la Sala Capitular, varios regidores de esa demarcación y la empresa Ciramar, a quienes demandan el pago de una indemnización de 45 millones de pesos.

Esta posición draconiana contrasta con la asombrosa pasividad que ha mantenido la Procuraduría de Medio Ambiente frente a los grandes y reales desastres ambientales que se registran día a día en presencia de toda la sociedad, incluyendo casos tan dramáticos como las descargas industriales y residuales que afectan los ríos Isabela, Ozama, Higuamo, entre otros, o violaciones tan graves como las denunciadas recientemente por el periódico El Caribe en el caso de construcciones sobre áreas naturales de drenaje en Punta Cana.

Solo el interés político podría explicar la “eficiencia” del ministerio ambiental para oponerse a un proyecto de interés estratégico para el país, que hasta ahora ha demostrado no solo que no afecta la integridad de las dunas, como lo ha explicado Amparo Chantada, sino que además ha contribuido a su protección al crear cientos de empleos y generar una gran dinámica económica en el entorno, mitigando la pobreza, uno de los principales enemigos del medio ambiente, como ocurre en Haití y en las propias zonas más deprimidas del país.

No hay que ser demasiado lúcido para saber que si los nativos de la zona no tuvieran las oportunidades de empleos y formación tecnológica que les ofrece Ciramar, probablemente estarían dedicados al conuquismo y al tráfico de arenas de las dunas, como ocurría anteriormente cuando tales prácticas eran las principales actividades de subsistencia que tenían esos pobladores.

Ojalá la conclusión del proceso electoral contribuya a moderar los antagonismos políticos y devolver a nuestros actores institucionales la sensatez y la ecuanimidad para tomar las decisiones que verdaderamente convienen al país y a nuestras comunidades. Yo pienso que tanto el presidente Fernández como el síndico Chacho Landestoy actuaron correctamente en el caso Ciramar.

Abril 6, 2008