POR WILFREDO MORA

Todo lo que envuelve a nuestras ciencias forenses está al revés. Apenas la semana pasada una seria crisis se evidenció en el Hospital de Santiago. Pero debemos ser profundamente optimistas frente a la crisis de este mal creado Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Siento que nuestra larga experiencia de científico forense formado, al igual que el doctor Sarita Valdez, que hemos escritos miles de líneas acerca del trabajo de los forenses, en casi todas sus áreas integrales, entre sus entrelíneas, lo que nos proponemos es defender las ciencias forenses, acercarla al pueblo.

No puede ocultarse más el INACIF; no se puede continuar con este proceso de institucionalización tan absurdo. El papel que tiene que jugar ese organismo especializado es de reinvención de la vida social y judicial, y no ser una “correa de transmisión” del Estado. Para que pueda ser un colaborador de la Justicia y logre servir a la comunidad es imprescindible aplicarse con veracidad, con claridad, llevar a cabo iniciativas de “puertas abiertas”, para que todos sus actores se sientan doblemente enriquecidos: humanizar la administración de justicia y ejercitar la profesión de forense con decoro.

Nadie da la cara en el Instituto, porque la decisión de dirección se ha tomado de arriba, como una praxis para que algo mutante aparezca: la ilusión de los que detentan el poder de dirigir el Estado. Si en Costa Rica el primer director del instituto forense fue un ingeniero, quizás se trató de un ingeniero forense (accidentología forense), quien para llegar a esa posición profesionalmente le resultó una culminación personal.

Actualmente, asistimos a una triple crisis institucional: la legislación del INACIF, que no pudo y de seguro no se hará jamás una Vista Pública, para que se cree una ley hecha pro los forenses y no impuestas por los políticos; de los Directivos del organismo, que están siendo desenmascarados, por usurpar funciones que no le corresponden, por no ser forenses, y que se obstinan en “dirigir” desde la impericia; y tercero, las quejas de los usuarios del Servicio Legal, como la que se ha dado a conocer en un hospital de Santiago, sobre posibles “peajes” en el levantamientos de cadáveres. Estas quejas, legítimas o no, desnudan al organismo, a sus autoridades, su falta de compromiso, y quien sabe, al incontestable caos que están creando sus falsas autoridades. Pero, mientras tanto, decimos: todo está al revés.

Otra novedad fue el anuncio de la Oficina de Consultores Forenses. Pero no se trató de una colegiación de peritos forenses. Antes de definir la colegiación de los peritos forenses en el plano privado está pendiente clarificar, ¿a qué le llamamos el órgano de la investigación criminal de nuestro país? ¿Al INACIF?, ¿a la Policía Científica? (antes ésta era los Laboratorios de Criminalistica de la PN), ¿al INPF? Porque por separados, todos representan funciones de Policía Judicial, pero integrado en un único organismo es correcto considerarlo un verdadero órgano de investigación del crimen. Esto, que debe saber cualquier forense, que han negado quienes convirtieron en instituto a las ciencias forenses del país, es necesario volverlo a señalar, mil veces si es necesario. Ese es el punto de partida de ejercer la profesión de las ciencias forenses, tanto pública como en el sector privado.

Al ver en los medios, y en una página de Internet, la creación de una firma privada de Consultores forenses sentí que esto es parte de la enfermedad del INACIF dominicano. De haber sido otra la organización de la peritación, organizar a peritos en el sector privado sería un paso de avance. De constituirse esta firma, que quiere surgir como una asociación de peritos forenses dominicanos, va a generarse una contradicción, tanto en el derecho público, y tanto en la naturaleza del organismo acreditado para actuar como facultativo: el INACIF.

Al observar a sus miembros fundadores se adviertes que no son forenses, sino estudiantes; vale, pues, la pregunta cuál será la relación de estos peritos frente a un juez penal de un juicio de fondo. ¿Aceptará su calidad de perito?, ¿cómo podrá hacerse el requerimiento si no hay una norma legal en estos casos? Toda normativa de la prueba pericial es guiada previamente por el Código Procesal y por las Normas internas del INACIF (en el caso de ser resolución en el Consejo que dicen tener ahí).

Una colegiación no es más que la regulación del ejercicio profesional de una ciencia determinada y la defensa de ésta con respecto al ejercicio ilegal de la profesión que se ampara en la nueva ley. El asesoramiento pericial, o la consulta, la certificación, los estudios, informes, dictámenes, peritajes que obligan a los Cuerpos Técnicos Forenses, a sus peritos, públicos o privados, se deben a una ley orgánica. Esta ley es la colegiación de los peritos, que solo puede votarse en el Congreso Nacional.

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