Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconociera que el Estado dominicano violó sus normativas con relación al convenio con la Sun Land no es lo que está en juego, con todo y que el organismo sea el brazo financiero del capital estadounidense. Tampoco que el embajador Robert Fannin debutara en el escenario nacional con una advertencia al empresariado de que se aleje de inversionistas que pudieran estar relacionados con el lavado de capitales procedentes del narcotráfico. Un consejo sano, que, aún sea espontáneo, en un diplomático como Fannin tiene otra connotación.

El informe que coloca al país como puente del narcotráfico, un crimen que sorpresivamente el Cardenal ha vinculado con el poder político, económico y militar, seguido de otra violación en que se acusa a las autoridades de violar los derechos humanos sí llama la atención. Más cuando después de esos informes el embajador reclamó garantías al Gobierno para intereses norteamericanos.

Todavía esas críticas fueran rutinarias, la queja sobre las relaciones comerciales concita una repercusión que no hay forma de minimizar. Fannin se quejó al presidente Leonel Fernández de que un contrato para almacenamiento de asfalto de Obras Públicas con la empresa Sangeant Petroleum, fue violado por disposición de la Secretaría de Hacienda.

Pero el diplomático no sólo protesta por la supuesta violación de los términos, sino que se hace eco de comentarios según los cuales la operación representará un costo adicional para la nación. Se habla, en efecto, que de 28 centavos de dólar que contempla el convenio con la compañía norteamericana, Hacienda elevó a 75 centavos la tarifa por barril a la otra firma para almacenar el producto procedente de Venezuela. Tratándose de un embarque de 88 mil barriles, la diferencia en perjuicio del Estado sería de 4 millones de dólares.

Aunque por aquí no haya alcanzado ribetes de escándalo, la denuncia es más perjudicial para la imagen del país que los informes sobre narcotráfico y derechos humanos.

El conflicto sobre asfalto, que además implica a dos gobiernos que no tienen muy buenas relaciones, como los de Estados Unidos y Venezuela, no es, por más que se quiera, un caso aislado sino evidencia de que el Tío está muy pendiente de los asuntos nacionales.

Si no se entendió bien, el diplomático sacó a relucir lo que parece un acto de corrupción. Y es obvio que algo hay cuando pide a los empresarios que se alejen de inversionistas, denuncia violaciones de los derechos humanos y remata con quejas sobre contratos.

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