No hay otras posiciones, no puede haberlas, En esta materia ó usted es victima o usted es victimario, por omisión o por comisión. Los indiferentes son transitorios, son circunstanciales, es la peor posición, la más cruel, la más inhumana, la más terrible, porque en esta categoría humana, se encuentran los comerciantes del dolor y del sufrimiento ajeno, los traficantes de tragedias, los falsos académicos, los agentes dobles, los provocadores, los frustrados, los denunciadores consuetudinarios, los amargados y los arrepentidos. En materia de Derechos Humanos, no se puede ser neutral, o usted esta a favor o usted esta en contra, los términos medios causan nauseas. Así de simple es esta realidad.

El tema de Derechos Humanos, no puede ser un programa de relaciones públicas de una institución de gobierno, ó un proyecto para justificar un presupuesto otorgado por una entidad internacional, o un espacio para conseguir empleos, o una actividad para el martirologio ó exacerbar los odios y reventar heridas, ni una manera de vivir denunciando a troche y moche, lo que parece una violación, ni siguiera es un apostolado de calificados defensores al margen de las victimas, no puede existir una política de Derechos Humanos combinada con una política de intercambios de disparos, una de las dos, es falsa, una de las dos, es bulto y esfuerzos mediáticos politiqueros, y los resultados establecen la diferencia y se notan en el día a día. No puede existir una Política de Derechos Humanos, como la que existe en materia de Reforma Agraria. Se habla de reforma agraria, desde la época de los sesentas, y los 48,000 kilómetros cuadrados del país, han sido repartidos más de cien veces en los famosos y desacreditados programas de reformas agrarias, sin embargo, persisten las infraestructuras que devoran el presupuesto nacional en nombre de una política inexistente, y lo que es peor, nadie se dá por enterado. Y la falsa continúa.

La adopción por parte del Estado Dominicano, de las más importantes convenciones en el área de los Derechos Humanos, define el panorama democrático de un Estado en esa materia, obviamente que el 10 de Diciembre del 1948,cuando el Estado-Parte Republica Dominicana se adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, jamás el gobierno que firmó y adoptó dicha declaración pensó, ni remotamente que un día esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, tendría primacía sobre los principios

constitucionales de la Republica, parecería una cuestión de locura, si quienes ordenaron adherirse a esa Declaración, leyeran que una ley dominicana en el 2006 establece que los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la Republica y de los Tratados Internacionales y sus interpretaciones por los órganos

Jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. ¿Quien lo iba a decir?

Pero no solo, esa Declaración, sino que el Estado Dominicano, es compromisario de los mas importantes Pactos, Convenciones y Tratados, proclamados por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos-OEA-,la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la FAO, y se ha comprometido de manera irreversible en materia de Judicial Laboral, Medio Ambiente, Vivienda, Libertades Publicas, Seguridad Social, Educación, Derechos de Mujeres, Menores, Ancianos, Migración, Refugiados, en fin, en mas de cincuentas áreas que norman la esencia del ordenamiento democrático del país. Se podría decir, que hoy por hoy ningún gobierno dominicano, puede ignorar los compromisos contraídos por el Estado dominicano en respeto y seguimiento de las normas de los Derechos Humanos. No se trata de un regalo que hacen las autoridades, sino de una responsabilidad que deben de cumplir.

Es por eso, que esa responsabilidad del Estado Dominicano, es cada día mayor, y debe de promover las instancias de Estado y de Gobierno que permitan al país conocer y practicar aquellas normas y principios los cuales se ha comprometido en observar. Constituye un acierto sin precedente la adopción de un nuevo Código Procesal Penal, así como la creación de Secretarias de Estados, para promover y desarrollar sectores tradicionalmente victimas de abusos y atropellos, así como la adopción de resoluciones que otorgan competencias a organismos internacionales para examinar la aplicación de las normas en el ámbito interno.

Esas decisiones amplían la cultura de los Derechos Humanos, hacen posible que un amplio sector de la población conozca de sus derechos y reclame por la via de la ley su aplicación, nadie se siente desprotegido en un sistema democrático, porque la observación de la ley es la mejor garantía para todos. Gobernantes y gobernados tienen en común la responsabilidad de mantenerse activos en la vigilancia y aplicación de las normas.

A pesar de los pesares, y aun teniendo muchas tareas pendientes, las normas de los Derechos Humanos se mantienen como firme garantía de una convivencia pacifica. Todavía nos quedan desarrollar instituciones tanto desde las esferas gubernamentales, como desde las esferas de la sociedad civil, pero que nadie se haga ilusiones que esas tareas serán regalos caídos desde el cielo, esas tareas deberán ser luchas continuas y permanentes de las victimas, los victimarios nunca ofertaran nada, al contrario, los victimarios harán todo lo posible, por retrasar el reloj de la historia y obstaculizar cualquier reivindicación nueva en esa área, como lo han hecho con la creación del Defensor del Pueblo.