Sin embargo, en los últimos tiempos, la Suprema Corte de Justicia ha emitido sentencias que trazan lo que se podría definir como la “raya de Pizarro”, en lo que tiene que ver con la aplicación de justicia y más que eso, en la aplicación de jurisprudencias que ponen en alto el buen nombre de los juristas que la componen, además de ratificar su compromiso con la dominicanidad, la defensa de nuestra soberanía, y con el fin del chantaje que durante décadas han manifestado los grupos de seudosindicalistas choferiles en la República Dominicana.

Desde la sentencia que rechazó el recurso de inconstitucionalidad que interpusieran varias organizaciones de la llamada sociedad civil, contra la puesta en práctica del Libro de Extranjería por parte de la Junta Central Electoral, hasta las recientes decisiones que ratifican la celebración del 27 de Febrero y lo hacen inamovible hasta el rechazo del recurso de casación interpuesto por un grupo de seudosindicalistas del sector choferil, la Suprema ha hecho sentir su voz como un Poder al servicio de los mejores intereses de la patria.

Sobre el Libro de Extranjería y la inamovilidad del Día de la Independencia Nacional, me referiré en otra ocasión.

En lo que respecta a la decisión que nos ocupa o sea, el rechazo al recurso de casación que interpusieran los señores, Pedro Franco Badia, Fabio Ruíz, Milciades Amaro Guzmán, Blas Peralta, Antonio Marte, Francisco Pérez, Antonio Reynoso, Freddy Monte de Oca, Alfredo Pulinario y Gervasio de la Rosa, acusados de estafa contra el Estado por más de mil 400 millones de pesos, considero que la decisión se ajusta a la realidad procesal que los inculpó.

La verdad es que hay que tener una cachaza bien gruesa, para decir a todo pulmón que se es inocente de tanta desfachatez, cuando se tienen las pruebas de los desmanes y chanchullos que realizaron estos turpenes, para hacer pasar como “en buen estado”, chatarras que recogieron de calles, patios y cañadas, los cuales se encontraban abandonados, o arrumbados por sus antiguos dueños, a los cuales les “compraron”, para hacerlos aparecer como carros activos del transporte urbano.

Felicito a la Suprema Corte de Justicia, por no dejarse chantajear por las amenazas vocingleras de los profesionales del caos y el desorden.

Toca ahora que el Ministerio Público, aplique sin atropello, pero sin demora, la decisión que tan oportunamente ha anunciado la Suprema Corte de Justicia.

Que los turpenes del sindicalismo choferil, que han engordado sus bolsillos a costa de los verdaderos choferes, que trabajan diez y doce horas para llevar el pan a sus familias, paguen con la aplicación de todo el peso de la ley.

Que el dinero que malhabido han acumulado, sirva para mejores causas, que no sean los placeres personales de los turpenes vividores del sindicalismo choferil.

Que el Estado haga cumplir fielmente y sin demora, la aplicación de la sentencia que ha ratificado justamente, la Suprema Corte de Justicia.