La explicación del representante residente del FMI, Eric Offertal, de que el organismo no se ha pronunciado ante el Gobierno, no desmiente las conclusiones a que según la agencia Efe llegó el consejo ejecutivo de la entidad en su reunión del 30 de enero.

La agencia española no cita comunicado, sino un informante que no quiso identificarse porque no estaba autorizado a dar la versión. Todos los periodistas saben lo que eso significa.

En realidad, algo se preveía con la inusitada villanía con que a última hora funcionarios como Vicente Bengoa y otros han querido presentar al FMI a propósito de la reforma impositiva que implicaría un nuevo acuerdo con el organismo. Listín Diario, en un ejercicio de buen periodismo, reveló en su edición del jueves que el Gobierno había propuesto en su carta intención la ampliación de la base imponible a la que hoy, como una forma de congraciarse con productores y consumidores, rechaza.

Pero no admite, como dice el FMI que ocurrió con el caso de la Sun Land, que la reforma había sido iniciativa suya. “En lo que se refiere a la política tributaria, nuestra prioridad en lo adelante –dice la carta- es aumentar la base imponible por medio de la eliminación del gran número de exenciones existentes”. Ante la reacción de quienes incluso favorecen el convenio con el organismo, el secretario de Hacienda recula al declarar que no es necesaria la reforma que el Gobierno propuso para captar más ingresos.

Esa ambivalencia ha tenido sus repercusiones negativas como en el caso del contrato con la Sun Land. Después de negarla, se alegó que la operación era un procedimiento legal que no afectaba las relaciones con el organismo crediticio. Ahora, con la autoinhabilitación del Congreso, que en torno a la operación crediticia con la firma nada ha dicho, puede decirse que en manos de la Suprema Corte de Justicia está la suerte del sistema institucional.

Como no hay forma de que pueda escurrir el bulto, el tribunal tiene que demostrar que la capacidad, independencia, imparcialidad y valor que en múltiples ocasiones ha reivindicado y que exige a los magistrados de los demás tribunales. De lo que se trata es de preservar la seguridad jurídica, no de favorecer a la oposición ni condenar al Gobierno, aunque éste haya sido puesto en jaque por el Fondo. El fallo de los recursos de que ha sido apoderada tiene, en consecuencia, que ser a la luz de lo que establecen la Constitución y las leyes.

Cierto es que la campaña electoral le pone mucha presión, pero se supone que la administración de justicia está por encima de coyunturas y circunstancias. Más cuando lo que está en juego es un sistema jurídico. Hoy, sin que nadie se llame a engaño, son muchos los inversionistas que están a la expectativa sobre el caso de la Sun Land, sobre todo después que el Presidente lo declaró cerrado.

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