Cuando el secretario de Interior y Policía y dirigente peledeísta Franklin Almeida se refiere a dirigentes de oposición como viralatas y realengos se puede inferir, entre otros conceptos, que su léxico es limitado o que siente tanto desprecio por sus rivales que éstos no le merecen siquiera respeto como seres humanos. La lengua tiene también una función connotativa.

Si se prefieren los insultos y las descalificaciones es porque nada se tiene qué ofrecer. Y es lo que ocurre en el proceso electoral.

sus vínculos con el contratista Nelson Solano Guzmán, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Es lo más lógico tratándose de una figura que según una sentencia de la Suprema Corte de Justicia había sido favorecido, de una forma u otra, con unas 18 obras por más de cinco mil millones de dólares. La aclaración es pertinente, aunque estoy seguro de que el mandatario jamás se hubiera reunido con Solano Guzmán ni nadie con su prontuario de conocer sus antecedentes.

El caso Quirino no es excusa para guardar silencio. Si el Gobierno no interrogó al ex presidente Hipólito Mejía, como pretendió el fiscal del Distrito Nacional, sobre las operaciones del comerciante y ex capitán del Ejército, fue porque no quiso. Y con esa negativa lo que hizo fue dar pábulo a las más variadas sospechas. De hecho, nunca se ha explicado la razón por la cual fue abortada en el kilómetro de la autopista Duarte la persecución de los 1,450 kilos de cocaína que según el entonces presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) estaban destinados a una empresa de una zona franca de Santiago.

Desde aquel 18 de diciembre de 2004 hasta el día de hoy el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo es un misterio. Más con la actitud del Ministerio Público de depurar políticamente a los relacionados con el comerciante. El proceso en un tribunal de Nueva York parece estancado y por aquí, que se esperaba un tsunami, ha sido olvidado, rodeado como todos los escándalos, de un velo de silencio.

No se puede callar ni responder con acusaciones las relaciones con un contratista extraditado por narcotráfico, quien aparece en fotografías nada menos que con el Presidente de la República, el secretario de las Fuerzas Armadas y el ex titular de Obras Públicas. Se trata, por demás, de una figura que habría sido favorecida con proyectos millonarios en que no mediaron concursos públicos. Gracias a la campaña se han podido dilucidar aparentes misterios. Y por más maleada que pueda estar la sociedad, toda denuncia responsable que clame transparencia, como la que acaba de formular el perredeísmo, enriquece el debate electoral.

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