En su sexto año de gestión como síndico del Distrito Nacional, el señor Roberto Salcedo Gavilán no ha logrado definir y aplicar una normativa para ordenar la actividad económica informal, que representa no solo la principal fuente de ingresos para los pobres, sino también un eficiente mecanismo de redistribución de la riqueza que produce una sociedad.

La intervención del señor Salcedo Gavilán en esta problemática socioeconómica se ha limitado a tratar de expulsar de las vías públicas de Santo Domingo a todos los vendedores ambulantes, sin asumir el esfuerzo de negociar una solución equitativa para mitigar el impacto social de una medida de ese tipo en una ciudad con una oferta muy escasa de empleo formal.

Estudios del Banco Central de la República Dominicana han confirmado que la economía informal aporta el 54 por ciento de los empleos del país, contribuyendo a reducir la gran brecha social que separa a los pocos que tienen mucho de los muchos que tienen muy poco.

Podríamos estar perfectamente de acuerdo con el síndico si el propósito de su gestión se hubiera orientado a organizar el comercio informal, estableciendo normas y limitaciones para que esta actividad coexista armónicamente con el orden público y el interés colectivo, como sucede, por ejemplo, en algunas de las principales ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Miami, Río de Janeiro, París y Madrid. Resulta chocante que en ciudades de alto desarrollo urbanístico y económico se tolere, bajo determinadas reglas, la existencia del comercio ambulante, mientras que en una modesta urbe del tercer mundo, con una altísima tasa de desempleo, se pretenda hacer tabla rasa con esta actividad.

Roberto Salcedo se ha trazado una política muy particular, pretendiendo eliminar la actividad económica informal, como si los pobres no tuvieran derecho a la ciudad y a buscar en ella lo imprescindible para vivir, bajo reglas trazadas por el Estado como ente regulador.

En su visión elitista y excluyente, el síndico Salcedo no ha tenido tiempo ni siquiera para revisar el proyecto de “Reglamento de Venta Ambulante y Economía Informal”, elaborado por quien esto escribe y dejado en poder del Consejo de Regidores en el año 2002, dirigido a ordenar de manera racional y realista el problema de la venta ambulante, partiendo de la premisa de que esa actividad puede operar de manera limitada y subordinada al interés público.

“La Ciudad Posible” que ha tratado de construir el señor Salcedo ha resultado hasta ahora una ciudad inhóspita, no solo para los trabajadores que intentan ganarse la vida mediante el comercio informal, sino también para la mayoría de los ciudadanos, que por falta de condiciones han tenido que abandonar el más emblemático espacio público de la capital. Basta con examinar algunas de las consecuencias tangibles de esta política. Por ejemplo, la expulsión de los vendedores ambulantes que estaban establecidos en algunos puntos del Malecón ha provocado que esta zona se haya convertido en uno de los lugares menos atractivos de la capital.

Y la explicación es muy sencilla. Históricamente los mayores visitantes del Malecón han sido los capitaleños pobres y de clase media, los que por razones económicas no tienen acceso a los clubes sociales y los centros de diversión de la ciudad. Para esos capitaleños el Malecón ya no resulta atractivo, porque para ellos no tiene sentido sentarse en un banco de la avenida si no tienen la opción de comprar algo para comer y beber a precio asequible, como podían hacerlo cuando estaban los quioscos que ofrecían servicios de alimentos y bebidas.

Es lo que explica que las plazas tradicionales del Malecón, desde el “Obelisco Hembra” hasta Manresa, se hayan convertido en lugares prácticamente despoblados e inseguros, donde el narcotráfico, la delincuencia y la prostitución campean por sus fueros, especialmente en horas de la noche, tal como lo denunció recientemente el periódico Listín Diario.

La supuesta “desarrabalización” anunciada por el síndico Roberto Salcedo lo que la logrado es sacar a los vendedores y a los ciudadanos que acudían al Malecón, tal como se puede apreciar en la plaza de Guibia, convertida en un vertedero de desechos de construcción; en la plaza Omar Torrijos, donde a nadie se le ocurre detenerse ni de día ni de noche; en la plaza Juan Barón, protegida herméticamente con vallas ciclónicas; en el parque Infantil Eugenio María de Hostos, que hasta hace poco se mantuvo cercado con alambres de púas y a donde la gente no asiste ni a las ferias comerciales; y en las diversas áreas de estacionamiento de la Avenida George Washington, sin seguridad ni iluminación y donde constituye una temeridad detenerse a pasar un rato, como en los viejos tiempos.

Roberto Salcedo tiene dos años por delante para terminar su segundo período. Todavía tiene la oportunidad de reorientar su política de gestión de los espacios públicos, no solo para construir una ciudad bonita y ordenada como la quiere todo el mundo, sino también incluyente y socialmente justa.