Esa situación nos dice que tenemos un sistema forense que no está integrado. Si todavía importa la opinión de un forense, debemos decir claramente que así el sistema no es operativo, y estará perennemente salpicado de la política; tema de que apenas estoy aprendiendo a analizar en mis apostillas académicas sobre temas forenses.

Es claro que urgen reformas en estos organismos auxiliares del sistema de administración de justicia penal. Tanto el juez como los peritos procuran las pruebas, por medio de la peritación; dichos indicios son examinados y conservados (o para que no sean sustituidas o destruidas, hasta que puedan ser autentificadas en el juicio). Esta estructura central a la que me estoy refiriendo se le conoce como la cadena de custodia de la prueba. Y para que haya justicia forense es imprescindible ver en la cadena de custodia un sistema; es decir, que se trata de algo más que un concepto, con sus reglas procesales previamente escritas, con sus elementos, acciones, documentos o certificaciones, los funcionarios judiciales que actúan, las responsabilidades que tienen todos sus operadores, y hasta las fases que agotan estas reglas o normas de trabajo forense que dan cuenta de la función del recojo de los hallazgos o evidencia (huellas, rastros, manchas, residuos, armas, instrumentos, dinero, documentos grabaciones en audio o videos).

Ojalá el Poder Judicial tome alguna participación en el impasse que se ha producido en la modificación de la resolución que creó el INACIF, y dé continuidad al proyecto legislativo que ahora pretende llevarlo a la categoría de ley, ya que el mismo no resume las verdaderas funciones de un organismo especializado. (En el proyecto de ley dice creación de instituto, pero eso es incorrecto porque ya está creado).

La administración de justicia penal es el medio natural, el verdadero hábitat de la Justicia forense; y si ésta se contradice o funciona incorrectamente, surge la cuestión, o el mantenimiento de una “cultura de la violencia” que desde el mismo sistema de justicia, puede crear una imponente realidad de violaciones al estado de derechos. En uno y en otro caso, es necesario que los jueces mejoren su actitud de protección de los hechos y derechos a los que se ciñe la investigación de crímenes; por el otro, los órganos auxiliares de la administración de justicia penal deben adoptar métodos adecuados, para abogar que la función jurisdiccional del Estado no se vea comprometida por intereses de los “centros de poder”.

Siempre hemos oído decir que la administración de justicia penal funciona infielmente en nuestro país. Si surge la necesidad de investigar casos de violaciones de derechos humanos por faltas cometidas por la institución policial, no es la misma institución la que deberá llevarla a cabo esas investigaciones. Y si es en casos externos, nuestra Policía Nacional dispone de poco adiestramiento técnico en materia de investigación criminal. Esto va en contra con la razón de la justicia forense. Otro ejemplo es la indeferencia de los jueces hacia la existencia de un órgano técnico que haga las funciones de Policía científica, que al utilizar la cadena de custodia (cuya letra está ausente en los órganos forenses auxiliares con que cuenta el país), todo se realice como está indicado. En el caso del INACIF, compuesto por políticos y estudiantes, no técnicos ni forenses, los mismos jueces no lo toman en cuenta, prefiriendo que las tareas las lleve cabo la Policía Nacional, a través de su laboratorio de criminalistica (que ahora ha cambiado su nombre por el de Policía Científica), que los fiscales lleven a cabo sus investigaciones por la Policía Nacional y no por el INACIF. Y debe ser lo contrario.

La justicia forense está integrada por científicos forenses, jueces y fiscales, cada uno con sus respectivas obligaciones y responsabilidades. Los encargados de realizar cualquier investigación criminal no pueden encontrar dificultad alguna, ya que la ley guía siempre sus actuaciones. Pero la Policía Nacional no es parte de la Justicia forense; es necesario entrar en la ley penal más adecuadamente. Lo que ocurrió es que el gobierno le ha dado sólo la responsabilidad de perseguir y capturar delincuentes. Para una mejoría de nuestra administración de justicia penal lo ideal es que estas autoridades cumplan sus investigaciones tal como lo manda la ley, que creen un organismo de policía técnica.

Así surge el interés de saber si contamos con un sistema forense, si éste actúa totalmente independiente de las demás autoridades del sistema de administración de justicia, o si por el contrario, no son nuestros forenses recursos idóneos, colocado en una verdadera agencia de investigación criminal. Recordemos que un “forense” es un científico que maneja evidencias, que no puede estar políticamente motivado ni profesionalmente prejuiciado.

Que nuestra justicia forense no recoja el espíritu de las realidades legales existentes es algo a lo que debemos prestar más interés. Este tema es complejo y no termina aquí. Ojalá el mismo Poder Judicial sea receptivo y se pueda poner en marcha una estrategia que permita exponer abiertamente muchos problemas creado por el poder político, y que están impidiendo un sano desempeño de estas funciones sagradas para la Justicia.

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