Esto así, porque los intereses políticos y económicos volvieron a zarandear el de por sí debilitado principio institucional a propósito de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la campaña proselitista sin que ningún agente social se levantara siquiera para guardar las apariencias.

Al revocar la resolución que enmarcaba dentro de la ley la promoción proselitista, con todo y que su presidente Julio César Castaños Guzmán haber afirmado que era irreversible y que echarla para atrás sería debilidad y claudicación, la Junta tuvo que ceder a las presiones, poniendo en entredicho su autoridad y credibilidad para organizar un proceso diáfano. No importa que el Cardenal haya dicho que en las próximas elecciones no habrá problemas.

La Junta surgió con un conflicto de liderazgo y jerarquía que desde el primer momento se ignoró. Ese conflicto provocó que en poco tiempo enfrentara su primera gran crisis con relación a los astronómicos incentivos que recibían los jueces para compensar sus servicios a la patria. Demasiado grande es el sacrificio. Como ninguno fue escogido por méritos personales ni profesionales, aunque algunos los tuvieran de sobra, sino por compromisos, con las primeras medidas estalló el conflicto de competencia.

No será lo que viene al caso, pero es un valioso referente sobre los traspiés y debilidad que acaba de ratificar el tribunal con la revocación de la resolución para regular la publicidad electoral. Como se trata de que a la Junta le doblaron el brazo, y de mala manera, no hay que dar muchas vueltas para saber quién lo hizo. Porque sólo el Gobierno, frente a quien el tribunal no ha sido capaz de reclamar siquiera los recursos que le corresponden, estaba en capacidad de hacerlo.

Fue una mala y preocupante señal que la JCE adoptara la resolución acompañada de la censura al Gobierno por violar la Constitución y las leyes con un comercial reeleccionista que utilizaba a un oficial activo. Con la medida pudo dejar ver sus limitaciones, pero no se puede decir, hasta prueba en contrario, que se apartaba de sus atribuciones como rectora del proceso electoral.

Al abdicar de sus atribuciones por presiones de intereses políticos, ha de pensarse que el tribunal, por debilidad o miedo, no sería capaz de tomar ninguna medida que pueda lesionar la estructura de poder que manipula a la sociedad. Lo que ha ocurrido es para que la opinión pública se levante, pero hasta el propio presidente de la Junta se ha conformado con acusar a partidos y medios de su ausencia de carácter. Que cedió como aporte a la armonía no es más que un eufemismo.

La culpa no es de la estaca, si el maco brinca y se ensarta. A pesar de que parecía unánime la oposición a la resolución, se habla de que la Junta decidió revocarla por el desafío que implicaba el tener que aplicar rigurosamente la ley durante una campaña que presagia de todo. Ahora se especulará que si el Gobierno entrega los recursos que ha pedido el tribunal para completar el proceso será en compensación a la deplorable muestra de debilidad y miedo.

Al menos yo estoy confesado.

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