Recientemente el economista Miguel Ceara Hatton recordaba que al momento de nacer cada dominicano debe mil 400 dólares, en referencia al dramático incremento que ha registrado la deuda pública en los últimos años.

Tales cálculos se hacían a partir de las estadísticas oficiales sobre la deuda pública, que a principios del año alcanzaba el monto de 13 mil millones de dólares. Entre agosto del año 2004 y agosto 2007, la deuda pública se incrementó en más de 6 mil millones de dólares, el más rápido y elevado crecimiento de la deuda en un período similar.

Sin embargo, esos datos ya no son suficientemente confiables, luego del escándalo destapado con la revelación del préstamo subrepticio gestionado por la Oficina Supervisora de Obras del Estado por un monto de 130 millones de dólares (RD$4 mil 200 millones de pesos), con la autorización del presidente de la República pero sin la aprobación del Congreso Nacional y sin que la operación aparezca oficialmente registrada en la Dirección General de Crédito Público de la Secretaría de Estado Hacienda.

Se sabe ciertamente que el préstamo fue autorizado por el presidente Leonel Fernández, que el ingeniero Felix Bautista firmó 19 pagarés por valor de US$6, 845,105.00 cada uno, que esos valores han sido ya negociados en los mercados internacionales de capitales, y que los tenedores de esas notas de crédito están solicitando el pago correspondiente al Gobierno Dominicano.

Hay que recordar que la primera versión de la Sun Land Corporation sobre el contrato de financiamiento fue negar que la operación se hubiera ejecutado. Luego, en una segunda y contradictoria versión, la Sun Land dijo que los recursos estaban destinados al pago de contratistas que ejecutan obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Las explicaciones recientemente ofrecidas por los ingenieros Pedro Delgado Malagón y Felix Bautista intentan presentar la operación como un procedimiento normal, “porque otros países hacen lo mismo, incluyendo la Alemania de la post guerra”, pero sin suficientes razones para justificar las violaciones a la Constitución de la República, al Código Penal, a la Ley 531 sobre Presupuesto del Sector Público, y Ley 6-06 sobre Crédito Publico, tal como lo expuso la prestigiosa jurista Rosina De La Cruz Alvarado.

Delgado Malagón, consultor privado, y Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado, han tratado de explicar la operación bajo el alegato de que el fin justifica los medios; es decir, que como se trata de obras para la UASD el contrato es bueno y válido, y por lo tanto no tiene que ser sancionado por el Congreso Nacional ni sometido a los principios de racionalidad y planificación que determinan la aprobación del Presupuesto Nacional en función de la real disponibilidad de recursos y el orden de prioridades del gasto público.

Desde esta perspectiva, podría inferirse que si las diversas dependencias del Gobierno pueden gestionar fórmulas particulares para financiar sus operaciones, para hacer escuelas, carreteras, caminos vecinales, construir hospitales o desarrollar proyectos agrícolas, estarían en el legítimo derecho de hacerlo porque las obras son necesarias y porque en el año siguiente podrían ser incluidas en el proyecto de presupuesto… y como la capacidad de endeudamiento del país es ilimitada, pues no hay problema.

A la luz de este enfoque, al margen del aspecto legal y constitucional, evidentemente violentado en esta contratación, el problema del endeudamiento no tiene ninguna importancia. Cualquier funcionario puede contratar su propia deuda externa con el aval del presidente de la República, para hacer sus obras favoritas, aunque esos recursos no estén consignados en el presupuesto, aunque el contrato correspondiente no esté aprobado por el Congreso Nacional y aunque el país esté sometido a un tope de endeudamiento en virtud del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con este procedimiento subrepticio no solo se soslaya el debate público sobre la conveniencia o no de aumentar el endeudamiento, sino también sobre el por qué nos endeudamos, en un país donde están prácticamente paralizadas todas las obras públicas prioritarias, incluyendo aquellas que han provocado importantes conflictotes sociales y territoriales, como las carreteras La Vega-Moca, Montecristi-Dajabón, Hato Mayor-Sabana de La Mar-Miches, el acueducto de Santo Domingo Oriental, el acueducto de Las Terrenas, el puente Cotuí-Pimentel, y cientos de obras iniciadas o prometidas por el Gobierno, incluyendo escuelas dejadas en proceso avanzado por la pasada administración.

Mientras tanto, los sectores productivos y los contribuyentes acogotados por la asfixiante política fiscal se preguntan que ha hecho el gobierno con los más de 550 mil millones de pesos que ha manejado en los últimos tres años, 356 mil millones de pesos más que los que administró Hipólito Mejía en los tres primeros años de su gestión.

8 de octubre, 2007